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sábado, agosto 2, 2025
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Vigente la orden de captura contra Mirtha Villalvazo Amaya

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La orden refuerza las versiones sobre la presunta implicación de la alcaldesa en actividades ilícitas relacionadas con el otorgamiento irregular de permisos de construcción

Bahía de Banderas se encuentra nuevamente ante la mirada de todo el país. La joya nayarita ubicada en la costa sur del estado, regresó a las portadas de los medios nacionales, en esta ocasión por una investigación que ha llevado a la luz la existencia de un cártel inmobiliario al que se encuentra vinculada la alcaldesa con licencia, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, quien actualmente cuenta con la venia del dirigente nacional Mario Delgado para buscar la reelección en este municipio, esto a pesar de ser prófuga de la justicia. 

De acuerdo con la investigación publicada por la Revista Proceso, Villalvazo Amaya está enfrentando acusaciones por delitos como ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles y enriquecimiento ilícito cometidos en agravio del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el Fideicomiso Bahía de Banderas y la sociedad, lo cual se puede constatar en una orden de aprehensión emitida el 24 de marzo de 2024, que fue revelada por dicha revista.

Anteriormente, el fiscal Petronilo Díaz Ponce reveló que se encontraban realizando una investigación en Bahía de Banderas, en torno a una red de corrupción que involucra a funcionarios municipales, entre ellos la propia alcaldesa, con la cual se aprobaron de forma irregular construcciones inmobiliarias en el municipio, incluyendo fraccionamientos. 

Hace unos días, el periodista Oscar Verdín Camacho informaba en este espacio que el amparo presentado por la presidenta municipal con licencia a finales de febrero fue sobreseído, debido a que las autoridades nayaritas habrían negado contar con una orden de aprehensión en su contra, por lo menos en el momento en que se solicitó información sobre el caso durante el mes de marzo. 

Además de Mirtha Villalvazo, las investigaciones señalan la complicidad de quienes fueron servidores públicos en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, como Cecilia Zareth Gutiérrez Quezada, quien fue encargada del despacho de la Dirección de Planeación Urbana en Bahía de Banderas y quien se encuentra en prisión preventiva bajo proceso; Wendy Alejandra González Beltrán, secretaria de Desarrollo Urbano, y Eduardo Huerta Marcial, encargado del despacho de la perito, nombres que de acuerdo con la investigación de la Revista Proceso forman parte de este cártel inmobiliario

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