Con información de 8NTV y Tribuna de la Bahía
El Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) dio a conocer mediante un oficio con fecha del 10 de abril de 2024, la suspensión de los derechos político-electorales de la alcaldesa con licencia de Bahía de Banderas, Mirtha “N”. Esto se debe a que es considerada prófuga de la justicia, ya que se ha dictado una orden de aprehensión en su contra, marcada con el número 320/2024, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, intimidación y privación ilegal de la libertad, en agravio del actual contralor del ayuntamiento, Martín García Valencia.
Los hechos que constan en la causa penal 359/2024 surgieron a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima ante la Fiscalía General de Nayarit. En abril de 2022, la víctima acusó que fue retenida contra su voluntad en un cuarto por 3 horas, sin su celular, en compañía de la alcaldesa y su entonces pareja, César Augusto “N”, quienes lo mantuvieron intimidado y amenazado.
Días después, se informó que su casa había sido vandalizada y se presume que se extrajo documentación, posiblemente como un acto de intimidación para que dejara su puesto, del cual fue removida de manera ilegal.
Por lo tanto, Mirtha “N”, quien buscaba la reelección en el año 2024, se vería imposibilitada de hacerlo, y su partido deberá buscar a otro perfil para ocupar su lugar, ya que habría sido beneficiada en el proceso interno.
Este sería sólo uno de los muchos frentes que la Fiscalía General de Nayarit ha abierto en contra de Mirtha “N”. Cabe recordar que el pasado 24 de marzo de este año, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la investigaba por delitos como ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles y enriquecimiento ilícito.
La autoridad judicial hace del conocimiento de la sociedad badebandense e interesados que desde este momento la alcaldesa con licencia se encuentra en calidad de prófuga, debido a que no ha atendido a las órdenes de presentación.
Esto, según lo informado por el juez de control del Centro Regional de Justicia Penal y Oral Región V con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
