Ayer, en México, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó una iniciativa de ley que contiene la desaparición de órganos autónomos. Es decir, continúa la erradicación de contrapesos para el actual régimen y el que está por asumir el poder en octubre próximo.
Se trata de una propuesta de reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero, sin embargo, los legisladores de Morena esperaron hasta después de las elecciones del 2 de junio para retomar el proyecto y ponerlo a discusión.
Los órganos autónomos que se aprobó desaparecer son:
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval)
La Comisión Reguladora de Energía (CRE)
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
En defensa del proyecto, la morenista Lidia García subió a tribuna para explicar que el objetivo es “transferir las facultades y obligaciones de diversos organismos constitucionales autónomos a dependencias del gobierno federal, para eliminar gastos innecesarios y lujos, pero sobre todo duplicidad de funciones; así como evitar despilfarro de recursos de la nación, para redirigirlos al combate contra la desigualdad social”.
Luego de destacar que a partir de 1990 surgieron múltiples órganos autónomos para “subordinar a México a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos”, la legisladora recalcó que dichas entidades han gastado desde su creación más de 32 mil 313 millones de pesos, cada una con incrementos anuales en su presupuesto.
En el mismo sentido, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) defendió el proyecto de “extinguir órganos autónomos que son innecesarios y que se crearon en los gobiernos neoliberales para entregar los bienes de la nación a los privados”.
Dichas entidades, señaló, “asumen una responsabilidad que le corresponde al gobierno. Se crearon en reformas constitucionales de gobiernos del PRI y el PAN para entregar la riqueza de México a unos cuantos. Hoy es nuestro deber racionalizar los recursos públicos y canalizar una mayor inversión en políticas sociales que erradiquen la desigualdad”.
Por el lado de la oposición, el panista Héctor Saúl Téllez alertó que la propuesta de eliminar a los órganos autónomos busca “destruir avances de más de tres décadas” conquistadas para obtener mayor transparencia y servir de contrapesos al Poder Ejecutivo.
“Los órganos autónomos existen para contener y limitar los excesos del ejercicio del poder. (Morena y sus aliados) sólo buscan instaurar un socialismo capitalista de camaradas, de forma incongruente. Quieren instaurar el segundo piso del autoritarismo y la corrupción”, enfatizó.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, afirmó que la propuesta busca la “destrucción del estado de derecho”, al tiempo que cuestionó que Morena hable de bienestar, cuando no ha garantizado eficiencia en educación, salud y otros derechos básicos, y con sobreprecio en sus obras emblemáticas, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
“Están generando el supremo poder conservador, porque no les gusta la crítica, la transparencia, porque están con los grandes oligarcas de este país. Eliminar al INAI nos llevará a tiempos donde no había transparencia, y es importante evaluar la pobreza de forma independiente. (…) Ustedes son conservadores porque están centralizando todo”, acusó.
Luego de un par de horas de discusión, el dictamen se aprobó por 22 votos a favor y 17 en contra en la Comisión de Puntos Constitucionales, cuya presidencia notificó que se presentaron 57 reservas al texto (31 de MC, 12 del PRI, 5 del PAN y 9 de Morena).
La discusión continúa, con miras a la aprobación de la iniciativa en lo particular.
Si la gente se pregunta porqué no se ve con buenos ojos la desaparición de los organismos autónomos, y porqué se habla de destrucción y de dictadura en estos momentos en México, es precisamente porque con la erradicación de contrapesos es como se construyen las dictaduras.
Un ejemplo de ello es lo que ocurrió esta semana en Nicaragua, donde el dictador Daniel Ortega que tiene a su cargo el país ordenó la clausura de 1,500 oenegés, la mayoría religiosas, como parte, dicen los opositores, de una arremetida contra grupos que considera hostiles al presidente Daniel Ortega.
Así, suman más de 5.200 las organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas en su contra de 2018, pero la del lunes es la mayor clausura que ocure de una sola vez.
Con el cierre masivo, anunciado el lunes, el gobierno cancela la personería de las asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas organizaciones católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados.
La clausura ocurre tres días después de nuevas normas gubernamentales que obligan a las ONG a trabajar “en alianza” con el Estado para ejecutar sus proyectos en el país.
“A partir de la fecha los ONG que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como ‘alianzas de asociación’”, dijo el viernes pasado la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.
El gobierno acusa a las organizaciones de “no reportar sus estados financieros por periodos de entre uno y 35 años”.
Entre las oenegés afectadas destacan la Cruz Roja nicaragüense, clubes de ajedrez, rotarios, asociaciones de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados.
La disolución de las organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial de Nicaragua.
“Represión sistemática”
Desde las protestas contra el régimen sandinista de 2018, el gobierno ha encarcelado a cientos de críticos, y ha llevado a cabo una represión que, según la Comisión Interamericana de DD.HH. ha dejado más de 350 mertos.
El año pasado, el gobierno expulsó a más de 300 políticos, periodistas, intelectuales y activistas, acusándolos de traición.
También en 2023, unos 30 clérigos fueron encarcelados y luego expulsados del país y enviados al Vaticano.
Y al menos 263 periodistas se han visto obligados a abandonar Nicaragua desde la represión, según informes de organismos de libertad de prensa.
En junio pasado, un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció lo que llamó “abusos sistemáticos y generalizados del derecho internacional de los derechos humanos” en el país centroamericano.
“El gobierno de Nicaragua está profundizando su control sobre el poder judicial y lo utiliza para aplicar una campaña sistemática de represión”, indicó el informe de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al Nashif.
“Las acciones del Gobierno han dado lugar a una perversa negación del Estado de derecho, al utilizar todas las instituciones del sistema judicialpara perseguir a sus opositores reales o supuestos”, agregó.
Según el organismo, desde marzo, 30 personas (5 mujeres y 25 hombres) han sido detenidas en el contexto de la represión del espacio cívico. En total, al menos 23 mujeres y 108 hombres siguen detenidos.
“Las detenciones ilegales y arbitrarias suelen ir seguidas de juicios que no cumplen las garantías básicas de debido proceso y juicio justo”, dijo Al Nashif.
Y agregó que “los opositores políticos, líderes indígenas y religiosos, académicos e intelectuales detenidos permanecen recluidos en condiciones carcelarias inhumanas”.
Contra la iglesia
Los cargos contra las nuevas 1.500 entidades ilegalizadas, la mayoría de ellas evangélicas y católicas, aducen que no habían declarado sus ingresos.
La persecución de entidades religiosas no es nueva.
Y aunque el gobierno de Ortega hasta ahora había enfocado su objetivo contra la iglesia católica, en particular contra obispos y sacerdotes que habían hablado sobre abusos de derechos humanos, el anuncio de lunes incluye la eliminación de cientos de iglesias evangélicas.
Esto, dicen los críticos, muestra que el gobierno está ampliando sus esfuerzos para silenciar a cualquiera que no esté alineado a éste.
Un informe en junio pasado de la gubernamental Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), que vigila la libertad de religión o de creencias en el extranjero, señala que el gobierno de Nicaragua ha llevado a cabo “acciones cada vez más represivas contra las comunidades protestantes”.
El informe afirma que el gobierno utiliza “un marco legal represivo para perseguir a las comunidades católica y protestante mediante arrestos, encarcelamientos y confiscación de propiedades”.
“Las leyes aparentemente destinadas a combatir el terrorismo y el lavado de dinero se utilizan en cambio para cancelar arbitrariamente el estatus legal y confiscar la propiedad de esos grupos”, indica la USCIRF.
Venezuela, uno de los raros aliados de Nicaragua, aprobó la semana pasada una ley contra las ONG que, según los críticos, será utilizada para reprimir a los disidentes del presidente Nicolás Maduro, quien está reivindicando una reelección ampliamente cuestionada en su país y en el extranjero.
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