Este viernes, una jueza de Control en Tepic rechazó conceder la suspensión condicional del proceso que se sigue al ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017) por su probable intervención en el delito de falsificación de documentos en la modalidad de uso, relacionado con la disposición que durante años tuvo de 58 hectáreas ubicadas en el ejido Aután, municipio de San Blas, y que habrían formado parte del rancho El Sueño.
La causa penal 850/2020 es una de las dos, de un total de cuatro, que mantiene a Sandoval Castañeda en prisión preventiva justificada desde principios de junio del 2021, recluido en la penal federal El Rincón.
Como ha sucedido en audiencias pasadas, el ex gobernador tuvo comunicación con la sala de audiencias a través de medios electrónicos, visible su cara en una pantalla y sin emitir mayores comentarios, más allá de identificarse con su nombre y agregar que no escuchaba con claridad.
El defensor particular propuso que durante los seis meses de la suspensión del proceso el imputado no se acercaría a los dueños de las 58 hectáreas ni a éstas, además de que se presentaría a firmar cada 15 días y no saldría del país.
Previamente fue revelado que Roberto Sandoval ya pagó a la parte agraviada la reparación del daño correspondiente a la renta por el tiempo que tuvo las 58 hectáreas, situación que minutos después confirmó un asesor de la agraviada, citando que sus representados están conformes con la reparación y no tenían oposición al planteamiento.
El abogado consideró que estaban dadas las condiciones para alcanzar la suspensión condicional puesto que la media de la penalidad del delito es menor a cinco años, porque el imputado no tiene otro expediente con suspensión, pero sobre todo por haber cumplido con la reparación del daño.
Por su parte, la agencia del Ministerio Público se opuso a la referida salida alterna, señalando que en el expediente ya hay apertura a juicio oral y que no se reveló el monto pagado ni se presentaron datos en tal sentido.
De igual forma, agregó que el delito obliga al Ministerio Público a investigarlo de oficio.
La defensa particular hizo un llamado “a la congruencia” puesto que, recordó, la propia Fiscalía ha alcanzado la solución de asuntos que incluso ya estaban en juicio oral y fueron regresados para concluir en un procedimiento abreviado, situación avalada por jueces locales, por lo que insistió que deben privilegiarse las salidas alternas.
En una nueva oportunidad de debatir, un agente ministerial insistió que de su parte nunca ha participado en lo antes señalado por el defensor.
Agotadas las dos intervenciones de las partes, la jueza determinó que no era procedente la suspensión condicional del proceso. Explicó que el delito de uso de documento falso y la investigación de oficio genera que la agraviada no sólo sean los dueños de las 58 hectáreas sino también la sociedad y en este sentido no ha habido reparación del daño, por lo que tal aspecto debe abordarse.
De igual forma, abundó que en el expediente ya concluyó la etapa intermedia y está dictada la apertura a juicio oral.
Como puede advertirse, la reparación del daño a los propietarios de las tierras muestra que habría disposición del ex gobernador para alcanzar una solución a los procesos penales que se le siguen.
De lo decidido este viernes cuatro, seguramente en los próximos días se presentará algún recurso, posiblemente de amparo, para insistir en la suspensión condicional del proceso.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com