“Plebiscito, s. Votación popular para establecer la voluntad del amo”
Ambrose Bierce
Una propuesta de reforma electoral es impulsada con las siglas de Morena. Esa propuesta retoma numerosos planteamientos que varios hemos formulado desde hace décadas. Se trata de reducir el número de diputados locales y de regidores en ayuntamientos. El PRI y PAN también lo propusieron. Hasta el PRD antes de fenecer, lo había planteado. Lo anteriormente dicho es la razón por la que la iniciativa morenista posee diversas aristas. La iniciativa no es ni novedosa ni original; esto le aporta enorme valor democrático al retomar planteamientos formulados por muchas personas desde hace tiempo.
La reforma realmente no va al fondo del asunto. Hasta ahora, las iniciativas solamente se proponen descolonizar instituciones. Eso es un avance sustancial, pero muy lejos está de ser una revolución copernicana. Las reformas afectan números y procedimientos. Esto es, reduce el número de funcionarios y abre un poco la posibilidad de que sean los ciudadanos los que elijan funcionarios y no las élites. Abre un poco la posibilidad, solamente un poco. Lo anterior es verdad si nos atenemos a la definición de Ambrose Bierce de lo que es un elector: “El que goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros” («Diccionario del diablo»).
Por ahora comentaré solamente algunas propuestas que consisten en reducir el número de diputados locales y de regidores. Como premisa procede poner de relieve que la iniciativa considera eliminar la representación proporcional como principio para integrar al Congreso de la Unión. Eso lo trataremos en otro momento, pero eso mismo aplicaría en el caso de las diputaciones de las legislaturas locales y de los cabildos. En resumen, se reduciría el número de diputados y serían menos regidores en los cabildos, con nula representación proporcional.
La iniciativa propone reducir de 500 diputados a 300 para elegirse en 300 distritos uninominales, por Mayoría Relativa (MR). Se propone también eliminar los principios de representación proporcional (RP) y de primera minoría (PM), para acceder a la Cámara de Diputados o al Senado.
Tratemos la materia de los diputados locales. La iniciativa que involucra a las legislaturas locales y a los ayuntamientos se alinea con la misma intención que la del Congreso de la Unión: reducción y eliminación de RP. Hasta ahora, la integración de las legislaturas locales ha obedecido a cuestiones ajenas a lo previsto en los dispositivos constitucionales federales (artículo 116, fracción II).
La propuesta daría como resultado que las entidades federativas serían integradas por un número de legisladores más cercanos a los indicadores demográficos. La iniciativa consiste en crear 15 distritos locales en los estados con menos de un millón de habitantes. Luego, se añadiría un distrito más por cada medio millón de habitantes, teniendo como límite máximo a 45 legisladores locales. De esta suerte, se reduciría de mil 139 a 655 el número total de diputados locales en el país. Aún con esa reforma, seguirían siendo muchos, demasiados diputados locales. Además, debe haber un tope en el número de legisladores por entidad federativa.
Lo anterior significaría que el estado de Aguascalientes (1,425,607 habitantes) debería tener una legislatura local con 15 diputados y no 27 como hasta ahora. Todos los diputados obtendrían el cargo por el principio de mayoría relativa, sin representación proporcional.
Otros posibles escenarios. El estado de Baja California Sur tendría una legislatura con 15 diputados y no con los que actualmente tiene: 21. En el estado de Campeche es donde más se ha abusado provechosamente del caos en la integración cuantitativa de las legislaturas locales. Campeche, con 928,363 habitantes, tiene 35 diputados; con esta reforma tendría solamente 15 legisladores locales. Acompaño esta colaboración con un cuadro qué, por razones de espacio, muestra lo que ocurriría solamente con las legislaturas de 10 entidades federativas.
Hasta hace poco habría hecho una defensa de la representación proporcional. Me parece que el modelo ya no soporta la fatiga creada por el oportunismo socialmente inútil y políticamente envilecido. La RP se convirtió en un espacio para sacar de la miseria a unos cuantos y para que otros cuantos se vistiesen con los ropajes del poder público.
Aquellos primeros diputados que arribaron al Legislativo Federal vía RP, como Valentín Campa, como Arnoldo Martínez Verdugo y otros más, de esos ya no hay muchos. Los tránsfugas del arado y las artes de pesca traicionaron a sus pueblos, a sus amigos, a sus familias, y lo hicieron al modo de Judas Iscariote, por unas cuantas monedas. La RP cayó en manos de mercaderes y sinvergüenzas que para nada sirven a la democracia ni a las personas concretas, esas de carne y hueso (de más huesos que carne).
En realidad, ya no hay nada que defender en el caso de la RP. Puercamente la pudrieron. En el caso de la RP en el Senado, esta nació podrida. La primera minoría en el Senado fue una RP enmascarada, que solamente pervirtió la naturaleza del Pacto Federal, que originalmente hacía pares a las entidades federativas. En estas, la RP sirvió solamente para aburguesar a los débiles de conciencia y de mentes moralmente podridos.
Tratemos ahora el asunto de los regidores. La propuesta implica también eliminar la RP que solamente se convirtió en una onerosa carga que se multiplica por el uso del cargo para satisfacer ambiciones personales.
Actualmente, el marco normativo que determina el número de regidores que debe integrarse a un ayuntamiento, lo integran la Constitución local y la Ley Electoral del Estado. Ahí ya se presenta una discrepancia. La Constitución dispone que las demarcaciones se integren en función directa de la población del respectivo municipio. La Ley Electoral, por su parte, establece que el número de regidores se determina por el número de personas inscritas en la lista nominal de electores. El número de habitantes debería ser el referente para definir el número de regidores, no la lista nominal. El caso es que la Ley dispone la elección de siete o hasta 16 regidurías por municipio, de acuerdo a las cifras de la lista nominal citada.
La propuesta en cuanto al número de regidores para integrar ayuntamientos, es del mayor interés: 1, 3, 5, 7 o 9 concejales en función del número de habitantes. Ahora, se elige a unos 200 regidores en los 20 municipios del estado. Con la propuesta que se promueve el número de regidores en el estado caería hasta menos del 50 por ciento.
La propuesta puede ser útil para fortalecer las tareas políticas de los ayuntamientos. Ahora se elige en casi todo el país, a una planilla que propone a un candidato a Presidente Municipal, a otro para Síndico y a una lista de candidatos a una regiduría. La iniciativa podría ser enriquecida promoviendo la elección directa de los regidores, como en el ejemplo de Nayarit, evitando así que una figura carismática o producto publicitario, arrastre a su favor a los candidatos a regidores de su planilla.
La propuesta de reducir el número de diputados locales y de regidores en los ayuntamientos, es plausible. Insisto: no es novedosa, sino que recoge planteamientos que ya se habían formulado desde hace varios lustros. Lo mismo puede decirse de la reforma al Poder Judicial, donde el modelo concebido por Plutarco Elías Calles ya se acerca a su fin. La reforma debe enriquecerse fortaleciendo el papel político de regidores y de diputados locales. En este territorio casi nada está hecho, es tierra virgen, yerma.
