El Gobierno de México anunció la construcción de 25 campos fronterizos destinados a acoger a ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos. Este proyecto responde al incremento de deportaciones previsto bajo la nueva administración estadounidense, liderada por Donald Trump, quien asumirá la presidencia el 20 de enero de 2025.
Los campos estarán distribuidos a lo largo de la frontera norte del país, en puntos estratégicos para facilitar la recepción, atención y reintegración de los migrantes. Según fuentes oficiales, estos centros estarán equipados con servicios básicos, asistencia médica y apoyo psicológico. También se planea incluir programas de reintegración laboral y educativa para ayudar a los deportados a reincorporarse a sus comunidades de origen.
El anuncio coincide con un aumento en las tensiones migratorias entre ambas naciones, derivado de políticas más estrictas implementadas en Estados Unidos para contener la inmigración irregular. Además, México se prepara para un posible incremento en el flujo de retornos forzados en los próximos meses, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y gobiernos locales en los estados fronterizos.
En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) destacó que esta medida busca “proteger la dignidad y los derechos humanos de los migrantes mexicanos al garantizarles una recepción ordenada y segura”. El proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno de México por gestionar de manera efectiva los retos que presenta la migración forzada. Sin embargo, organizaciones civiles han señalado la necesidad de garantizar la transparencia en el manejo de recursos y la supervisión de las condiciones en los campos para evitar posibles violaciones de derechos humanos.
