Por Alfredo Delgadillo López
En su libro “Las raíces legales de la corrupción”, el jurista argentino Héctor Mairal explica que la inseguridad jurídica es el caldo de cultivo de la corrupción y que combatiendo aquella se limita a esta última.
La corrupción es un fenómeno que afecta a toda la sociedad al poner en peligro al Estado de Derecho y, por lo tanto, provocar progresivamente violaciones a los derechos humanos. Según el índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, México se mantiene en una posición crítica a nivel mundial con una puntuación de 31 sobre 100, ubicándose en la posición 126 de 180 países evaluados. Ante este panorama, el compliance se posiciona como una herramienta clave para la prevención y el combate de la corrupción, permitiendo establecer mecanismos eficaces de control, rendición de cuentas y transparencia.
Hablar de compliance es referirnos a un conjunto de estrategias, programas y políticas internas de prevención, gestión y control de cada organización pública o privada con el fin de prevenir la corrupción y salvaguardar los intereses de la colectividad al asegurar el cumplimiento de leyes, regulaciones y estándares éticos. Funciona como un sistema de autorregulación que permite identificar riesgos de incumplimiento normativo antes de que se materialicen en actos de corrupción.
Según el profesor de derecho administrativo, Carlos Matute, hablar de compliance es referirse a “una metodología que genera evidencias trazables del desempeño de una organización para que haya confianza en la misma y certidumbre sobre su actuación y resultados frente a terceros”. Y aquí se hace un énfasis en esta colaboración de todos los actores, donde las personas dejan de ser sujetos pasivos para convertirse en sujetos activos en la lucha contra la corrupción; es decir, dejan de ser gobernados para transformarse en ciudadanos, pues agrega Matute que “los entes estatales y los particulares se distribuyen la responsabilidad de planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de creación y distribución del bienestar individual y colectivo”.
El compliance potencia y protege derechos humanos. Es lógico que preferimos prevenir violaciones a nuestros derechos humanos que recibir indemnizaciones y disculpas por parte de nuestras administraciones después de desgastarnos en juicios largos. La corrupción afecta directamente el goce de los derechos, ya que la desviación de recursos públicos impacta la provisión de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y justicia. En este sentido, el compliance contribuye a la garantía de estos derechos al prevenir la malversación de fondos y promover la transparencia en la asignación de recursos
Ahora bien, de acuerdo con “La hoja informativa 2024: Perspectivas sobre integridad y anticorrupción de la OCDE”, es particularmente relevante señalar que México presenta un contraste significativo entre sus marcos normativos y su implementación práctica. Esta situación sugiere que el desafío principal no radica en la calidad de la regulación, sino en la efectividad de su aplicación y cumplimiento. En pocas palabras: es muy bueno para simular, o en otras: mucho ruido y pocas nueces.
Por eso, el compliance debe de ser prioridad en las políticas públicas que tengan como objeto combatir a la corrupción a través de a) marcos normativos claros, b) capacitaciones constantes en integridad y ética, c) mecanismos efectivos de denuncia, d) organismos encargados de la fiscalización para evitar su captura por intereses políticos o particulares, y e) organismos encargados de transparentar las medidas preventivas de corrupción que incluya participación ciudadana. Y lo más importante, que estos organismos realmente tengan autonomía, pues ya estamos hartos de simulaciones.
El compliance se ha convertido en una pieza clave para garantizar la transparencia, la eficiencia, la rendición de cuentas y la confianza en las administraciones públicas por parte de los ciudadanos y del sector privado, ya que solamente a través de esta figura preventiva se evidencia ante 130 millones de mexicanos y el mundo un compromiso genuino por la transparencia y la ética pública que permita a México mejorar su posición en el índice de Percepción de la Corrupción y consolidarse como un país con instituciones fuertes y confiables.
Tenemos que aprender de los errores del pasado, de las recomendaciones de organismos internacionales. Si antes vivía preocupado por las evaluaciones de México, ahora quedo muerto en vida con el acta de defunción del organismo constitucional autónomo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
¿Cómo nos va a ir en la evaluación de 2024 cuando todavía existía el INAI?
¿Cómo arrancaremos el 2025 sin un pilar en la prevención de actos de corrupción?
Ninguna evaluación indicó que el INAI era el problema. Hoy no sé si podemos seguir hablando de compliance
Me despido con esta reflexión:
El abogado administrativista Juan Carlos Cassagne escribe que: “los principios generales representan un freno que cumple la función de garantizar los derechos de los particulares frente a los abusos en que suelen incurrir las leyes o reglamentos administrativos”.
Es muy difícil explicar lo obvio, pero creo que cualquier persona entiende que los derechos humanos son ese marco para prevenir y combatir la corrupción. Y más fácil es entender que la administración pública vigilándose y rindiendo cuentas a sí misma no es un mecanismo eficaz de control, sino que la participación ciudadana junto a los organismos constitucionales autónomos lo es.
La administración pública “haciendo equipo con la ciudadanía” sin principios de derecho administrativo y con inseguridad jurídica es pura simulación.
¿Tu ética sería la mismo a solas que vigilado?
Por algo son los dichos: más vale prevenir que lamentar. Más vale compliance que simulación.
