Productores de limón y aguacate anunciaron el cierre de sus instalaciones por extorsiones y amenazas del crimen organizado. Este fue el mensaje: “Hemos recibido una serie de amenazas dentro del Tianguis Limonero en Apatzingán, por lo que hemos tomado la decisión de cerrar las oficinas de la administración”.
Bandas dedicadas a la extorsión siguen “exprimiendo” a limoneros y aguacateros de la Tierra Caliente de Michoacán. La entidad gobernada por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla padece el cobro de cuotas informales a productores del campo y comerciantes a cambio de permitirles realizar su trabajo.
Y ahora también reciben presiones para infiltrar a criminales en la comercialización del producto, por lo que exigen garantizar la protección de su personal. Entre los grupos que operan en la región están Cárteles Unidos, Los Templarios, Los Viagras y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informa la revista Expansión Política.
Señala que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2024 hubo 296 víctimas de extorsión en Michoacán, es decir, un promedio de 24 casos por mes.
A pesar de la cifra negra de este delito, que supera 97% en Michoacán, la extorsión ha mostrado una tendencia al alza en la entidad. Mientras en 2018 se registraron sólo 26 carpetas por ese delito, para 2023 la cifra se disparó a 242 y en 2024 sumaron 296.
El fenómeno también alcanza a polleros, tortilleros y abarroteros, entre otros locatarios y comerciantes. Decenas pagan cuotas a organizaciones como La Familia Michoacana y Cárteles Unidos, ambos recientemente designados como organizaciones terroristas por el gobierno de Donald Trump.
Bernardo Bravo, presidente la Asociación de Citricultores Del Valle de Apatzingán, A. C., explica que su actividad suele “convivir” con cobros por parte de criminales desde hace varios años en zonas de Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Múgica.
“Hay cobros desde hace tiempo porque tú te encuentras con estas gentes y te piden. De que hay una afectación de la violencia, pues sí, todos los productores hemos sido afectados, no es novedad, tiene años”, alertó el dirigente de limoneros en una entrevista concedida a Expansión Política.
En Michoacán, la extorsión es un delito que se puede castigar hasta con 25 años de cárcel luego de una reforma al Código Penal estatal.
Tras los cambios a la legislación, en 2023, en el estado se sanciona el uso de medios electrónicos con fines de extorsión, agrava las sanciones para servidores públicos que faciliten celulares y teléfonos a internos de penales, y sanciona el cobro de cuotas por “derecho de piso”.
En agosto de 2024, José Luis Aguiñaga, un empresario limonero de Buenavista, Michoacán, fue asesinado. De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán ese homicidio pudo estar relacionado con la extorsión.
“Por los datos recabados se puede establecer una línea preliminar de la investigación, que uno de los factores estarían extorsionando a la persona y en un momento determinado fue privado de la vida”, dijo en su momento el fiscal Adrián López Solís.
El gobernador Alfredo Ramírez aseguró que ya se identificó a los presuntos responsables de las extorsiones a los productores de limón y señaló a integrantes de las antiguas autodefensas.
“¿Quiénes son ahora? Los grupos de autodefensas, los que armó Alfredo Castillo, ahora son los grupos delincuenciales en la región”, afirmó.
El mandatario estatal comentó que la extorsión a limoneros no es un asunto nuevo, pues por lo menos tiene 30 años. Sin embargo, presumió un reforzamiento en materia de seguridad en la entidad.
“Se está reforzando la seguridad con el programa de la presidenta Claudia Sheinbaum para el tema del limón”, aseveró.
Este miércoles, como parte de los operativos para frenar la extorsión en Michoacán, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capturaron en Apatzingán a un extorsionador de limoneros y aguacateros que operaba en la región de Tierra Caliente.
El Gabinete de Seguridad informó que el detenido, identificado como Gerardo Valencia Barajas, alias “La Silla”, es operador de una organización delictiva denominada como “Los Blancos de Troya”.
El Gabinete de Seguridad informó que “La Silla” fue detenido en el poblado Cenobio Moreno, en Apatzingán, en seguimiento a denuncias ciudadanas relacionadas con hechos de extorsión al sector empresarial de la entidad.
Junto con Valencia Barajas, quien también está relacionado con secuestros y homicidios, fue detenida Joana Lizbeth Sepúlveda Valencia, integrante de la misma la organización criminal.
En una publicación de Infobae, fechada en noviembre pasado, se refiere una nueva modalidad de extorsión a productores del campo:
“El padre Gregorio López Gerónimo, también conocido como “padre Goyo”, denunció una nueva estrategia que están implementado los miembros del crimen organizado para obligar a los limoneros de Tierra Caliente, Michoacán, a alinearse y pagar sus cuotas por el cultivo y venta de su producto, problema que no han podido combatir las autoridades locales, y han negado aunque despliegan un mayor número de elementos de seguridad.
De acuerdo con el sacerdote, desde hace una semana, limoneros de la región de Tierra Caliente han sido víctimas del crimen organizado, ahora con la tala de las hectáreas de los cultivos si no se cubre la cuota que les solicitan; esto ha obligado a los cultivadores a dejar sus tierras y mudarse a otros municipios.
“Hoy el crimen organizado para apoderarse del territorio va y les corta la huertas de limón, van más de 100 hectáreas en una sola semana que han talado literalmente. Preguntando a los dueños (dicen) ‘ya me habían pedido que les vendiera’ o ‘que les regalara al jefe de plaza en turno’, pero cambian cada semana de jefe aquí los Cárteles están como las pasarelas”, compartió el padre Goyo en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.
En el mismo sentido, acusó que miembros del crimen organizado han señalado al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla de estar coludido, pues destinan la mitad de los ingresos por actividades ilícitas.
“Un grupo delincuencial le dice por qué estás haciendo esto ‘es que tengo que pagarle el 50% al gobernador’ y señaló también a las Fiscalías, a las autoridades municipales”, dijo el padre Gregorio López.
Ante esta nueva situación que atraviesan los limoneros, agregó que el resto de hechos delincuenciales no han cesado, pues asegura que adolescentes (jóvenes estudiantes de secundaría) participan en robos y asaltos; además continúan los levantones y secuestros exprés contra los pobladores y la intimidación mediante bombas caceras que lanzan los grupos criminales con ayuda de drones.(Infobae 07/nov/2024).
