La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció públicamente los daños ecológicos generados por la construcción del Tren Maya, e informó sobre un plan integral de restauración en la península de Quintana Roo. Entre 2019 y 2023, la obra implicó la tala de más de siete millones de árboles, además de daños en aproximadamente 125 cenotes y cavernas naturales.
Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, declaró en conferencia de prensa que el proyecto provocó afectaciones relevantes en el ecosistema regional. “La restauración que requiere una obra como el Tren Maya es una tan integral que tiene que haber reforestación. Las propias comunidades pueden ser las que nos ayuden a restablecer el ecosistema forestal, en lugar de contratar los consorcios que están en el Tren Maya, empresas que vienen, plantan un árbol y se les muere al día siguiente”, expresó.
La propuesta de rescate contempla eliminar mallas metálicas que dificultan el libre paso de la fauna, proteger cavernas y cenotes, y prohibir caminos secundarios en zonas selváticas destinados al turismo. Según la Semarnat, se están realizando recorridos técnicos en las áreas afectadas con el fin de definir medidas de compensación por el cambio de uso de suelo y otros impactos ambientales.
Sergio Graf Montero, director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), señaló que se desarrollarán estrategias para restaurar manglares degradados en toda la península. Añadió que se apoyará a productores locales, como los chicleros, para regenerar la selva y aprovechar especies con valor ecológico y económico.
Por su parte, Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, informó que se estudia declarar el sistema de cenotes y cavernas de Quintana Roo como reserva de la biosfera. Esta designación, en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), permitiría su integración en una red internacional de áreas protegidas legalmente reconocidas.
Bárcena no precisó fechas de inicio para la implementación del plan. Sin embargo, Robles García indicó que los costos del programa deberán ser cubiertos por “quien realizó la obra”, sin proporcionar más detalles sobre los responsables o mecanismos de financiamiento.
El Tren Maya comenzó su construcción en junio de 2020, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto fue presentado como una estrategia para fomentar el desarrollo económico del sureste del país. “Va a generar empleo, bienestar y sustento para las nuevas generaciones”, expresó López Obrador en su presentación.
La ejecución de la obra inició bajo la supervisión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y posteriormente fue transferida a la empresa paraestatal Tren Maya S.A. de C.V., administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Diversas empresas privadas participaron en el proyecto, incluyendo Alstom-Bombardier, China Communications Construction Company, Mota-Engil y Operadora Cicsa, de Grupo Carso.
Guillermo D’Christy, hidrólogo e integrante de Sélvame del Tren, celebró el reconocimiento oficial de los daños. “Hoy, la autoridad ambiental nos da la razón. Reconoce que la construcción del mal llamado Tren Maya fue ilegal, violó la legislación ambiental y causó un gran impacto, especialmente en el tramo 5. Es momento de compensar, restaurar y proteger la selva que aún nos queda”, publicó en sus redes sociales.
El tramo más afectado fue el que conecta Cancún con Tulum, con la pérdida estimada de 3.6 millones de árboles. Además, las vías atraviesan zonas protegidas como el sitio Ramsar ‘Anillo de Cenotes’ en Yucatán, el Sistema Lagunar Catazajá en Chiapas y Tabasco, y la Reserva de la Biosfera Los Petenes en Campeche.
