La implementación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla la apertura de una Academia Nacional para la formación de cuerpos de seguridad. Esta nueva institución iniciará actividades el próximo 4 de agosto de 2025 con una primera generación de 250 aspirantes.
Durante la conferencia matutina del 22 de julio, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer los primeros avances derivados de la reforma legal. Indicó que el objetivo es unificar criterios en la capacitación de personal policial, ministerial y penitenciario de todo el país. Según sus palabras, “México contará con una Academia Nacional de Seguridad Pública que unificará la formación de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía”.
El grupo inicial estará compuesto por personal en funciones de investigación e inteligencia adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El programa educativo tendrá una duración de nueve meses. El proceso de admisión, abierto desde el 31 de marzo, recibió más de 28 mil postulaciones, todas ellas de personas con título universitario. La titular del Secretariado Ejecutivo señaló: “El proceso de admisión ha sido riguroso e incluye evaluaciones físicas, médicas, psicométricas, psicológicas, toxicológicas y poligráficas”.
También, está previsto que en septiembre inicie un curso dirigido a altos mandos, entre ellos titulares de fiscalías y secretarías de seguridad estatales. Según Figueroa Franco, se busca formar personal con “una visión ética, humanista y de amor a la patria”.
Uno de los ejes centrales de la nueva ley consiste en fijar estándares de calidad institucional. Además de la certificación de elementos operativos, también se evaluará el desempeño de las dependencias a las que pertenecen. En palabras de la funcionaria durante la conferencia: “ya no sólo se evaluará y certificará a los individuos, sino también a las instituciones”.
Los nuevos requerimientos incluyen áreas internas de supervisión, formación profesional continua, así como unidades especializadas para atención a víctimas, investigación de delitos y servicios periciales. Asimismo, se establece la obligación de garantizar condiciones laborales básicas al personal operativo, conforme al perfil y funciones que desempeñan. Según las autoridades, estas acciones representan la puesta en marcha de un modelo que busca consolidar una estructura de seguridad más sólida, basada en coordinación interestatal y criterios comunes de profesionalización. Además, se dirigen a fortalecer tanto a las corporaciones policiales como a las fiscalías mediante esquemas de formación y evaluación obligatoria.
