Durante la conferencia matutina del 22 de julio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo a la creación de una comisión especial para investigar el cártel inmobiliario. Al respecto, señaló que corresponde al Congreso tomar dicha decisión, en caso de considerarla procedente. “Está bien, si así lo decide el Congreso, que se haga la investigación. Tiene esas facultades el Congreso”, afirmó la mandataria.
En su intervención, recordó cómo la primera investigación relacionada con el cártel inmobiliario se inició cuando ella encabezaba el gobierno de la Ciudad de México. Según explicó, el detonante fue un incidente ocurrido en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez. “Resulta que ocurre un episodio de un tanque de gas que explota en un departamento en la alcaldía Benito Juárez”, explicó Sheinbaum. A partir de ese hecho, la Fiscalía General de Justicia capitalina detectó irregularidades en la propiedad y procedió con una revisión más amplia.
Posteriormente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), en ese entonces dirigida por Carlos Ulloa, amplió la inspección a otras edificaciones. Durante ese proceso, se hallaron inmuebles construidos por encima del número de niveles permitidos por la normativa de uso de suelo. Muchos compradores de buena fe, indicó la mandataria, no pudieron escriturar sus viviendas por inconsistencias entre los planos oficiales y la edificación real.
La revisión derivó en un proceso de regularización, acompañado por denuncias ciudadanas. Varios edificios fueron vinculados con violaciones estructurales, lo cual llevó a diversas detenciones. “A eso se le llamó el cártel inmobiliario y hay detenidos”, puntualizó Sheinbaum.
Además, algunos empresarios implicados decidieron colaborar. Según declaró la presidenta, durante la investigación se identificaron transacciones irregulares, pagos ilegales y una red de complicidades entre funcionarios y desarrolladores. “Sí hubo un modus operandi en la alcaldía Benito Juárez para violar los usos de suelo y a partir de eso conseguir recursos para beneficio personal de funcionarios públicos“, añadió.
También, la presidenta destacó la existencia de personas detenidas y otras involucradas, algunas incluso devolvieron recursos como parte de acuerdos legales. En este contexto, enfatizó la continuidad de la investigación bajo la responsabilidad de la Fiscalía de la Ciudad de México, actualmente encabezada por Berta Alcalde.
El punto de acuerdo sobre la comisión especial fue impulsado por legisladores de Morena, quienes solicitaron una revisión de presuntas transferencias bancarias relacionadas con familiares del actual dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. Las autoridades legislativas deberán determinar el curso de acción conforme a sus atribuciones.
