El pronunciamiento acerca del expresidente peruano, Pedro Castillo, no le resultó gratuito a la presidenta Claudia Sheinbaum. El Congreso del país andino decidió el 8 de septiembre declarar a la mandataria mexicana persona no grata por mantener “una posición claramente hostil hacia Perú”, afirma el comunicado, al exigir la liberación de Castillo.
Sin demasiadas conexiones a excepción de una postura ideológica, Sheinbaum sorprendió a la comunidad internacional al ser una de los pocos jefes de Estado en solicitar la liberación del expresidente Castillo. La mandataria mexicana recibió el 29 de agosto al abogado del expresidente peruano, Guido Croxatto, en el Palacio Nacional. Sheinbaum le garantizó al abogado argentino que su país apoya a Castillo y a su familia. Además, afirmó que el caso constituía un grave precedente de persecución política y discriminación.
Castillo se encuentra detenido desde 2022 luego de un fallido intento de autogolpe de Estado. Una vez que los intentos de cerrar el Congreso fracasaron, el exjefe de Estado junto al exprimer ministro, Anibal Torres, intentaron refugiarse en la embajada de México, pero fueron capturados por la polícia. Desde ese entonces, Castillo se encuentra detenido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo. Actualmente, el exmandatario enfrenta un juicio que le podría valer una condena de hasta 34 años.
Ante esa situación, Sheinbaum no solo expresó su “más profunda solidaridad” con Castillo sino que también solicitó a Naciones Unidas intervenir en el caso. “La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, afirmó.
Frente a esta postura, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta mexicana. El documento se presentó en el Parlamento una semana antes por el legislador de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, junto a su compañera partidaria, Patricia Juárez, y la independiente, María del Carmen Alva. Una vez ahí, el Congreso lo aprobó 12 votos a favor y 6 en contra.
“Las relaciones diplomáticas entre naciones se fundamentan en el respeto mutuo, la igualdad soberana y el diálogo constructivo; y la falta de respeto por parte de un jefe de Estado hacia otro país puede generar tensiones perjudiciales para la paz y la cooperación regional”, indica inicialmente la moción. Sehinbaum, continúa el documento, “ha mantenido una posición claramente hostil hacia la República del Perú, lo que ha suscitado preocupaciones y malestar en diversos sectores de la sociedad peruana”.
Bustamante acusó también a la mandataria y a su partido Morena de tener vínculos con el narcotráfico. “Es entendible porque ella tiene vínculos probados con el narcotráfico. Su partido, Morena, tiene vínculos con el cartel de Sinaloa y otros importantes, así como vinculaciones de negocios relacionados con drogas con Venezuela”, afirmó.
Los reclamos en torno a la situación de Castillo no son propios del sexenio de Sheinbaum sino de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien fue uno de los pocos mandatarios que se puso de lado del expresidente detenido, razón por la cual también fue declarado persona no grata en Perú. En conferencia, AMLO aseguró haberse comunicado con Castillo antes de ser detenido. En ese momento, ordenó abrirle las puertas de la embajada mexicana en Perú, pero Castillo no logró entrar ya que, según AMLO, la policía ya había tomado la embajada para finalmente arrestarlo.
