La Fiscalía General del Estado de Nayarit emitió ayer una contundente advertencia a la ciudadanía, al identificar un preocupante patrón donde conflictos civiles, como préstamos o pagarés impagados, son abordados fuera de los cauces legales. La institución subraya que contratar a terceros para realizar “cobros” por cuenta propia puede derivar en delitos graves, con severas penas de prisión.
La Fiscalía, organismo autónomo encargado de investigar y perseguir los delitos en el estado de Nayarit, detalló que estas prácticas, aunque iniciadas por una disputa de índole civil, escalan rápidamente a la esfera penal. Específicamente, cuando se priva de la libertad a una persona con el objetivo de exigir un pago o forzar una negociación, se configura el delito de secuestro agravado. Este ilícito conlleva penas de hasta 120 años de prisión, afectando tanto a quienes ejecutan directamente la acción como a quienes la ordenan o financian, sin importar su grado de participación.
De igual forma, la dependencia estatal destacó que exigir dinero utilizando amenazas, intimidación o cualquier forma de presión coercitiva constituye el delito de extorsión, sancionado con penas de hasta 20 años de cárcel. La advertencia busca concientizar a la población sobre la seriedad de estas acciones, que trascienden el ámbito de las deudas personales para convertirse en crímenes de alto impacto.
Ante esta situación, la Fiscalía exhortó a todos los ciudadanos a resolver sus diferencias y conflictos económicos o contractuales exclusivamente por las vías legales establecidas, acudiendo a las instancias judiciales correspondientes. Se enfatizó que la justicia por mano propia no sólo es ilegal, sino que nunca será justicia verdadera. En un mensaje claro, la institución sentenció que ninguna deuda o impago justifica la comisión de un delito, ni ninguna razón ampara el uso de la violencia para fines de cobranza. El objetivo es garantizar un entorno de legalidad y respeto al debido proceso en la resolución de disputas.
