A lo largo de generaciones, hemos crecido bajo estándares y normas que rara vez elegimos. Se heredaron como se heredan los silencios: sin discusión, sin preguntas. Lo que ocurría en los márgenes de la casa, en los gestos cotidianos o en los acuerdos tácitos, se asumía como parte del orden natural de las cosas. Algunas realidades se nombraban en voz baja; otras se ignoraban hasta que, inevitablemente, dejaban de poder ocultarse. Así, prácticas profundamente dañinas se normalizaron al punto de volverse rutina, sin que nadie se detuviera a preguntarse si debían existir.
Durante años, la violencia vicaria habitó ese territorio difuso donde lo que no tiene nombre parece no tener forma. No era nueva, no era excepcional, pero al no ser nombrada, no podía ser reconocida ni enfrentada. Permanecía como una experiencia individual, aislada, incomprensible incluso para quienes la vivían. Nombrarla no la creó; la volvió visible. La sacó del ámbito de lo privado y la colocó, por fin, en el espacio de lo que puede discutirse, documentarse y denunciarse.
En ese vacío social y legal, miles de mujeres aprendieron a convivir con una violencia que no deja marcas visibles, pero que atraviesa cada decisión, cada vínculo y cada día. Una violencia que no siempre grita, pero que desgasta de manera constante y sistemática. Este es el testimonio de un grupo de madres que se unieron para formar el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Ellas han compartido sus experiencias:
“Yo pensaba que así eran las relaciones”, dice Isa, integrante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. “Nunca me golpeó, pero todos los días me hacía sentir que no servía, que sin él no podía ni cuidar a mis propios hijos”.
La violencia vicaria no irrumpe de manera abrupta. No es un estallido ni un episodio aislado. Es un proceso prolongado que suele comenzar mucho antes de la separación. Se manifiesta en la descalificación cotidiana, en la minimización del criterio de la mujer, en la constante puesta en duda de su maternidad y su autonomía. Se instala cuando el padre corrige frente a los hijos, cuando desacredita decisiones, cuando convierte la crianza en un campo de evaluación permanente.
“Mis hijos me veían dudar”, recuerda Vane. “Y cuando una madre duda frente a sus hijos, alguien más ocupa ese lugar”.
En Nayarit, la visibilización de esta violencia no surgió desde las instituciones ni desde la ley, sino desde el dolor. Fue necesaria la voz de una mujer profundamente afectada —Anayensy— para que el término comenzara a circular. Se grabó sola, contó su historia y abrió una grieta. No reveló una violencia desconocida; puso palabras a una experiencia que muchas reconocieron de inmediato como propia.
Muchas mujeres no supieron qué estaban viviendo hasta que encontraron el lenguaje para describirlo. Algunas lo identificaron al leer investigaciones de especialistas que, desde otros países, empezaban a señalar patrones repetidos: padres que utilizan a hijas e hijos como instrumentos para dañar a la madre, particularmente después de una separación.
“Cuando leí eso, le dije a mi mamá: ‘Esto es exactamente lo que estoy viviendo’”, recuerda Brisa. “No estaba loca. Tenía nombre”.
Cuando la mujer intenta poner un límite, separarse, denunciar o simplemente irse, la violencia suele escalar. Primero aparecen las amenazas veladas; después, las explícitas: “Si te vas, no vuelves a ver a los niños”. Muchas no las toman en serio hasta que descubren que no eran advertencias, sino planes.
Tras la separación, la violencia no desaparece; se transforma. Las visitas se convierten en espacios de control. Los niños regresan distintos, más callados, más distantes, más confundidos. Se vigila lo que dicen, se castiga cualquier muestra de afecto hacia la madre, se instala la idea de que ella es el problema.
Poco a poco, el contacto se reduce. Llamadas que no se contestan, mensajes que no llegan, cumpleaños en silencio. En algunos casos, la sustracción ocurre de manera repentina, un cambio de escuela sin aviso, un traslado oculto, una red familiar que protege al agresor.
“Un día fui a la escuela y mi hija ya no estaba”, recuerda Janeth. “Nadie me explicó nada”.
Es entonces cuando la violencia entra de lleno al sistema judicial. Los procesos familiares, lejos de funcionar como mecanismos de protección, se convierten en herramientas de control. Denuncias falsas, juicios interminables, resoluciones que no se ejecutan. La espera se vuelve otra forma de violencia. La falta de perspectiva de género y de infancia deja a las madres en una posición permanente de sospecha.
“La vida se judicializa por completo”, explica Aurea, integrante del Frente. “Audiencias, peritajes, evaluaciones constantes. Y siempre la sensación de que tienes que probar que mereces ser mamá”.
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria se formó en agosto de 2020. Comenzó con cuatro mujeres que, al encontrarse en redes sociales, reconocieron la misma historia con distintos nombres. Luego fueron veinte, treinta, decenas. Primero se organizaron para escucharse; después, para documentar patrones; finalmente, para actuar.
“Nos dimos cuenta de que el 85 por ciento había vivido violencia previa antes de la separación”, explica Anayensy. También identificaron prácticas recurrentes: mujeres obligadas a firmar acuerdos injustos, a renunciar a bienes o derechos económicos a cambio de ver a sus hijos; madres desacreditadas por autoridades; agresores con poder económico, político o simbólico que utilizaban las instituciones como armas.
En Nayarit, el Frente avanzó rodeado de miedo, vergüenza y estigmatización. “Por algo les quitaron a sus hijos”, escuchaban con frecuencia, incluso de funcionarios públicos. No eran solo hombres quienes lo decían. Muchas veces eran otras mujeres, madres, familiares, servidoras públicas, quienes repetían el mismo libreto. “Ten paciencia”, “es un proceso”, “piensa en tus hijos”. Luego venía la descalificación directa: “no exageres”, “eso no existe”, “es un problema de pareja”, “seguro le hiciste algo”. Y, finalmente, la clausura del conflicto disfrazada de sentido común: “mejor llega a un acuerdo”, “es el papá, no los puede lastimar”, “eso no les pasa a las mujeres”. No eran frases inocentes ni consejos bienintencionados, eran mecanismos de control que devolvían la violencia al silencio y trasladaban la culpa a quien la denunciaba. Que estas frases provinieran también de mujeres no las hacía menos violentas; las volvía más eficaces. Aun así, avanzaron. Aprendieron juntas qué documentos presentar, a qué instancias acudir, qué abogados tenían experiencia y cuáles no. Construyeron una red para que las nuevas madres no empezaran desde cero.
“No se trata solo de recuperar a los hijos”, aclaran. “La violencia no termina ahí. Pero al menos ya no están solas”.
El Frente ha logrado la restitución de al menos dos niñas y niños en el estado. Cada caso implicó presión mediática, acompañamiento jurídico y un desgaste profundo. La visibilización ha sido clave: poner rostro, contar la historia, romper el silencio. También ha traído nuevos ataques, porque la violencia no se disuelve con la denuncia.
Por eso, cada madre es preparada antes de hablar públicamente: qué decir, qué callar, cómo protegerse. La sociedad sigue juzgando a la madre que no está con sus hijos, sin preguntarse por qué.
El reconocimiento de la violencia vicaria en el Código Civil de Nayarit representa un avance importante, aunque todavía limitado. No repara el daño ni garantiza justicia automática, pero abre una puerta. El riesgo es que la ley se quede en el papel si no se aplica con perspectiva de género y de infancia.
“Si los jueces no entienden esta violencia, todo lo demás es simulación”, advierten las madres del Frente.
Nombrar la violencia vicaria es incómodo porque obliga a mirar las fallas estructurales del sistema. Implica reconocer que el Estado no sólo llegó tarde, sino que en muchos casos fue parte del daño. Pero también rompe el aislamiento.
“Cuando entendí que lo que vivía tenía nombre, dejé de sentirme loca”, dice Xóchitl. “Y supe que no estaba sola”. Por un instante, el aire se volvió pesado de reconocimiento; todas asintieron, algunas con lágrimas contenidas, otras con los ojos enrojecidos, y alguien murmuró, casi quebrándose: “¿Quién no se volvería loca después de tanto sufrimiento?
La violencia vicaria se alimenta del silencio, la confusión y el desgaste. Cuando se nombra, cuando se documenta y se escucha, pierde parte de su poder. No lo suficiente. No de inmediato. Pero algo se rompe.
A la fecha, aún hay niñas y niños que crecieron lejos de su madre, no porque ella desapareciera, sino porque el sistema permitió, y en muchos casos facilitó, que fuera borrada. Son infancias fracturadas que hoy habitan cuerpos de adultos, cargando ausencias que nadie quiso reconocer. La violencia vicaria no termina cuando los hijos crecen; se desplaza, se transforma y deja daños que no prescriben. Persisten en los vínculos rotos, en la identidad erosionada, en la memoria intervenida.
Reducir estas experiencias únicamente al término violencia vicaria resulta insuficiente. En cada caso convergen múltiples violencias: familiar, parental, psicológica, económica e institucional. Todas operando de manera simultánea, todas legitimadas por un sistema que miró hacia otro lado. Nombrarla es necesario, pero no basta. Mientras siga tratándose como un conflicto privado y no como una responsabilidad estructural, seguirá repitiéndose bajo la misma coartada de siempre: el silencio.
