A pesar de existir un mandato legal explícito, la inclusión laboral en los ayuntamientos de Nayarit es letra muerta. La diputada local Jessica Torres exhibió un panorama de incumplimiento generalizado: ninguno de los 20 municipios del estado respeta el ordenamiento de destinar el 3 por ciento de su plantilla laboral a personas con discapacidad. Mientras el Gobierno del Estado ha logrado superar esa meta, las administraciones municipales se mantienen en cifras marginales, estimadas apenas entre el 1 y el 2 por ciento.
La legisladora advirtió que la situación se agrava por la opacidad y la geografía. Al intentar obtener cifras oficiales vía transparencia, la respuesta de los cabildos ha sido el silencio, impidiendo conocer el dato real de contrataciones. Además, el olvido es proporcional a la distancia: “Entre más alejados de la capital están, más difícil es la situación; ésa es la realidad”, lamentó Torres, señalando al municipio como el eslabón más débil pese a ser la autoridad más cercana a la gente.
La omisión en nómina también es estructural. El análisis reveló que los ayuntamientos están sustituyendo los órganos de decisión por oficinas burocráticas. La ley exige la instalación de consejos municipales para la atención de personas con discapacidad, entes diseñados para resolver problemas de fondo como la infraestructura, pero en su lugar, los alcaldes delegan el tema a una simple coordinación dentro del DIF. “El tema es que no es lo mismo… ahí (en el consejo) se pueden hacer propuestas para programas y analizar que la infraestructura sea adecuada a la norma”, explicó la diputada.
El fondo de esta negligencia sistemática parece radicar en la impunidad. Actualmente, la legislación no contempla sanciones administrativas o penales para los gobiernos que ignoren estas cuotas. Al no haber consecuencias legales por la omisión, la garantía de los derechos de este sector queda sujeta a la buena voluntad política, permitiendo que la exclusión persista sin castigo alguno.
