Intervenir el arbolado urbano por iniciativa propia ya tiene consecuencias legales inmediatas en la capital nayarita. Elementos de Seguridad Pública detuvieron a dos personas en flagrancia mientras realizaban podas sin el dictamen técnico correspondiente, derivando su caso a los Juzgados Cívicos municipales para la aplicación de sanciones administrativas.
El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Abraham Sandoval, confirmó la detención y el procedimiento sancionador. Los infractores admitieron la falta de autorización oficial ante el juez, quien determinó una multa de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a poco más de mil pesos por persona, estableciendo un precedente de cero tolerancia hacia la intervención ecológica no regulada.
La normativa local exige una autorización previa para cualquier poda en vía pública. Aunque la temporada recomendada abarca de octubre a febrero para proteger los ciclos de anidación de aves, el reglamento es estricto en el método: sólo se permite el retiro de ramas secas o enfermas y nunca debe excederse el 25 por ciento del follaje para no comprometer la supervivencia del ejemplar.
Las repercusiones pueden escalar del ámbito administrativo al penal. Si bien las multas oscilan entre los mil y 4 mil pesos, el daño severo o la tala de especies protegidas tipifica como delito, con penas que van desde tres meses hasta 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad del impacto ambiental y la clasificación del árbol afectado.
A la par de las sanciones, persiste el reclamo por la atención oficial. Vecinos de la colonia Moctezuma denunciaron riesgos por ramas que interfieren con el cableado eléctrico, exigiendo que la rigurosidad en las multas se refleje también en la capacidad de respuesta del Ayuntamiento ante las solicitudes formales de mantenimiento urbano.
