Un hombre manchado por el tizne narra su tragedia. El domingo, civiles armados abrieron fuego contra él y un compañero para hacerlos descender de sus camionetas de carga: “Yo les decía que no me lo quemaran, es mi único sustento y todavía debo algo del carrito”. Este hecho no fue aislado: formó parte de una escena, en una gigantesca teatralidad del poder criminal.
Desde su origen el ser humano ha encontrado en el miedo un instinto de supervivencia. Una respuesta intensa que ha permitido anticiparse a amenazas, reducir la incertidumbre, pero sobre todo facilitar la persuasión. Con la creación de la cultura y las primeras estructuras sociales, ejercer el terror también se convirtió en una herramienta de poder.
En las civilizaciones antiguas, como Mesopotamia, China y Asiria, las élites utilizaban castigos públicos para lograr obediencia. Desde leyes severas y sanciones colectivas, hasta ejecuciones públicas, deportaciones masivas e incluso la destrucción de ciudades para evitar rebeliones.
Estos eran los primeros vestigios de una humanidad coaccionada por el horror y la violencia. Dos mil años después, las cosas no parecen cambiar. En la mayoría de las naciones, el Estado mantiene lo que en la academia se conoce como el monopolio de la violencia: el uso de la fuerza para legitimar el poder, y por ende, generar sumisión a las distintas leyes y normas que en las democracias se acuerdan y en las dictaduras se imponen.
En los últimos años en México, este monopolio se ha visto amenazado por la alta competencia del crimen organizado. Desde los años ochenta, el negocio del tráfico de drogas encontró un campo fértil para extenderse por todo el país. La alta demanda de drogas en Estados Unidos obligó a la construcción de rutas para facilitar el traslado de gigantescos cargamentos producidos tanto en Colombia, como en nuestro territorio.
Esto produjo el nacimiento de las primeras grandes estructuras criminales, con liderazgos unipersonales que destacaban por su carisma y capacidad de negociación, la cual permitió generar alianzas fatídicas con una clase política hambrienta de canjear capital político por económico.
Mientras tanto, en Estados Unidos, la clase política, dominada por los republicanos, construía un nuevo enemigo con narrativas de crisis moral, sanitaria y de seguridad por el consumo de drogas. Esto, sumado a la muerte de un agente estadounidense infiltrado en el cártel mexicano más dominante de esa década, endureció las medidas contra el tráfico y presionó al Estado mexicano a desmantelar estas organizaciones, a través de una política de descabezamiento.
A partir de ahí, el crimen organizado se fragmentó en territorios y comenzaron a surgir nuevos liderazgos alrededor de todo el país, la mayoría con estructuras débiles que imitaban a sus antecesoras: una jefatura unipersonal con capacidad de negociación, pero que agregaban una nueva característica a su personalidad: la violencia extrema.
La mayor parte de estos nuevos líderes provenían del sicariato. Brazos armados que se convencieron de ser quienes verdaderamente ostentaban el mayor poder al tener a través de las armas el control del recurso humano y material de las estructuras criminales.
Pero esto no fue una ocurrencia. A diferencia de otras mafias, la mexicana nunca consolidó una estructura basada en la tradición. No importaba el linaje, los rituales, los códigos o los símbolos, ni tampoco el arraigo comunitario.
Esta debilidad para consolidar estructuras duraderas privilegió un entorno violento de supervivencia del más fuerte. Las redes de corrupción política seguían permeando, pero poco a poco la industria del terror hizo su aparición. Los cárteles mexicanos comenzaron a invertir en armamento y capacitación de sus milicias.
Testimonios e investigaciones periodísticas revelan que hubo quienes contrataron mercenarios extranjeros, capacitados en tácticas de contrainsurgencia y tortura, para instruir a sus sicarios. Una vez iniciada la llamada guerra contra las drogas en el país, los grupos dominantes comenzaron a combatir a las fragmentaciones más pequeñas, iniciando a su vez una guerra interna que puso en práctica toda la violencia aprendida durante estos años.
Desollados, colgados, decapitados, encobijados, quemados, despedazados. Coches bombas y enfrentamientos en vía pública, formaron parte de estos actos performativos de violencia, que recordaban a lo sucedido en las guerras de Medio Oriente y Centroamérica.
Un infame espectáculo que dejaba de escandalizar para convertirse en una función más de la matiné social. La normalización de esta violencia, representó para el crimen organizado un triunfo: construía reputación, disputaba el monopolio al Estado y sobre todo cambiaba las dinámicas sociales para generar legitimidad ante la fragilidad de sus liderazgos.
Es decir, dejamos de salir a ciertas horas, de frecuentar ciertos lugares, de interactuar con ciertas personas y, sobre todo, de denunciar ante las autoridades. El terror demostró no ser solo violencia, sino comunicación y ejecución política.
Esta guerra dejó una nueva estabilidad que permitió consolidar lo que algunos han nombrado como pax narca. Sin embargo, exhibe a su vez un ciclo que inicia con la presión internacional hacia el Estado mexicano.
Lo que sucedió el domingo pasado volvió a ser una exposición del poder del miedo. La federación descabezó al cártel más dominante de la última década, lo que ocasionó una escalada de violencia en al menos 20 estados del país. Aquí inició una nueva paradoja criminal. Se mostró el poderío de movilización y terror que pueden ejercer en cuestión de minutos, pero al mismo tiempo, demostró la fragilidad de su estructura.
A lo largo de la historia, los liderazgos débiles han recurrido a la violencia para legitimarse, y aquí no es la excepción. Los grupos criminales realizaron ataques simbólicos a cadenas de suministro y bloquearon la movilidad en zonas estratégicas, mientras el Estado desplegó recursos humanos y materiales, exhibiendo su poderío con armas, buques y helicópteros.
Dentro de esta teatralización del poder, hay quienes identifican a ganadores y perdedores. Sin embargo, la mayor derrota la sufre el ciudadano promedio.
Ese que apenas logró pagar el vehículo que vio calcinarse ante el fuego criminal, que apostó por instalar una tienda para dar empleo y generar ingresos que hoy pierde entre las llamaradas. O que, en el peor de los casos, buscó a través de un uniforme, una oportunidad de dar sustento a su familia, pero que hoy es despedido con honores en cumplimiento de su deber.
El llanto del general, el lunes pasado, previo a una sentencia triunfal, fue un recordatorio de humanidad en medio de este deshumanizado espectáculo de poder, que desde hace 40 años se ha alimentado de la corrupción y el miedo de nuestro país.
EN DEFINITIVA… El terror es y seguirá siendo una herramienta indispensable para el ejercicio del poder, y a veces no es necesario ejercerlo, basta con capitalizarlo. El espaldarazo social y político a Omar García Harfuch no es casualidad. Desde que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha sido uno de los posibles sucesores más visibles. Cuando el miedo domina, la sociedad busca liderazgos firmes capaces de ejercer el poder coercitivo; hoy el primer policía del país encarna esa narrativa.
