Especial de Meridiano
El reloj marcaba las 14:29 horas del miércoles 11 de marzo. En el tablero electrónico del salón de plenos de la Cámara de Diputados, la historia de la primera gran derrota legislativa del gobierno de Claudia Sheinbaum quedaba sellada con números fríos: 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. La reforma electoral, una de las iniciativas más ambiciosas y polémicas de la Presidenta, había muerto en la orilla. Sin sorpresas. Fue la confirmación de un desenlace que se venía tejiendo desde semanas atrás, puntada a puntada, en los pasillos y las oficinas de San Lázaro, y que dejaba al descubierto las primeras fisuras serias en la coalición gobernante.
La jornada, marcada por la tensión política y el asedio de manifestantes en las afueras del recinto, había comenzado temprano. Sobre el asfalto del acceso principal del Palacio Legislativo, el colectivo Mexicanos al grito de paz había dejado un mensaje monumental pintado en blanco: “ELECCIONES SIN NARCO”. Adentro, la sesión arrancó a las 12:20 horas con un quórum de 442 legisladores que llegaría hasta 461. Morena había citado a sus 253 integrantes para garantizar un voto en bloque que, de antemano, sabían insuficiente. Faltaban 81 votos para la hazaña. Antes, el pleno había emitido la declaratoria de publicidad del dictamen, el trámite que abría la puerta a la discusión y votación. La iniciativa llegaba al pleno sin los votos necesarios para prosperar, y todos lo sabían.
La reforma había sido anunciada por Sheinbaum en junio de 2025. En agosto ordenó la creación de una comisión presidida por el veterano político Pablo Gómez para elaborar la iniciativa. Desde entonces, los partidos aliados se posicionaron en contra de los dos pilares del proyecto: la eliminación de la representación proporcional en el Senado y la reducción del 25 por ciento en el financiamiento público a los partidos. Hubo foros de consulta, encuestas, mesas de negociación con las dirigencias del PT y el Verde que fracasaron una tras otra. La iniciativa llegó finalmente a la Cámara el 4 de marzo, con su plan original intacto y el rechazo de todos los partidos salvo Morena ya confirmado. “Si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente”, había dicho la Presidenta.
La crónica de este revés anunciado se escribió en un debate exprés, un formato pactado por la Junta de Coordinación Política para evitar un mayor desgaste y acelerar el trámite. “Al mal paso, darle prisa”, había sentenciado el coordinador panista, Elías Lixa. Y así fue. Sólo los seis coordinadores parlamentarios subirían a la tribuna. Uno a uno, expusieron posturas que ya todos conocían, mientras en las curules se libraba una “guerra de pancartas”. “No a la Ley Maduro”, se leía en las del PRI. “Votar bajo amenaza no es democracia”, replicaban las del PAN. Morena respondía con un “No al dedazo de plurinominales”. En las bancas del PT y el Verde, el silencio gráfico era elocuente: ni una sola pancarta, ni una sola leyenda.
La oposición, conformada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se lanzó con dureza. El priista Rubén Moreira, cuyo partido había ingresado al recinto desde la mañana para asegurar el voto en bloque, acusó al oficialismo de querer “elecciones de baja calidad, patito o gansito” y de buscar un modelo que facilitara la entrada de dinero del crimen organizado. Desde la bancada panista, Elías Lixa fue más allá y exigió a la Presidenta “romper el pacto con la narcopolítica”, mientras Ricardo Monreal, coordinador de Morena, respondía que ese pacto “se sepultó con García Luna”. Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, calificó la propuesta de tener un “tufo antidemocrático” y defendió la contrapropuesta de su partido, que incluía una circunscripción migrante con diez diputados y la anulación automática de elecciones cuando un candidato fuera asesinado.
Pero los golpes más dolorosos para Morena no vinieron de la oposición. Fuero sus propios aliados quienes lo dieron. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), socios clave en la coalición gobernante con 111 legisladores entre ambos, confirmaron su voto en contra, dinamitando la mayoría calificada. Reginaldo Sandoval, del PT, aunque refrendó su lealtad a la Presidenta (“estamos al 100 por ciento con ella y al 200 por ciento con el pueblo”), argumentó que su partido siempre ha estado en contra de la instalación de un “partido único” y que la reforma ponía en riesgo la pluralidad y las acciones afirmativas. Carlos Puente, del Verde, lamentó la falta de esfuerzo de Morena por construir consensos y, si bien coincidió en la necesidad de reducir el financiamiento a los partidos, exigió que fuera de manera igualitaria, tanto en recursos económicos como en tiempos de radio y televisión. “Puede haber diferencias, pero en nuestro partido entendemos que estas se dirimen y se sigue adelante”, cerró Puente, reiterando su apoyo al proyecto de la Cuarta Transformación.
La imagen del día, quizás, fue la de Ricardo Monreal cruzando el salón de sesiones para instalarse durante varios minutos en el ala de la bancada panista, donde sostuvo un intercambio discreto con diputados del PAN y del PRI. Un gesto que evidenciaba la soledad de su bancada en la batalla más importante. Minutos después, desde la tribuna, Monreal ofreció un discurso que, como describió un medio, “sonó más a despedida que a defensa”. Defendió la coherencia de la Presidenta Sheinbaum (“cumple su palabra con el pueblo y con la Historia”) y, ante la inminente derrota, anunció el inicio del “plan B”. “Una vez que se vote y se rechace, comenzaremos a construirlo. No claudicaremos”, sentenció, adelantando que recorrerán el país distrito por distrito para explicar la reforma y que las ideas que nacen del pueblo “terminan convirtiéndose en ley tarde o temprano”.
La tensión subió de tono fuera del pleno. El senador morenista Félix Salgado Macedonio, conocido por su lenguaje beligerante, no se guardó nada y arremetió contra sus aliados: “Quedarán inscritos en el muro de la traición”, advirtió. “Imagínate venir juntos con sueños, con ideales, luchando por la transformación, y luego de repente, cuando ven que viene la transformación, le dan para atrás”. Sus palabras, sin embargo, fueron matizadas por otros miembros de su partido. El diputado Gerardo Fernández Noroña llamó a no lastimar a los aliados (“Vamos a ir juntos en 2027. ¿Para qué los lastimamos?”), mientras la senadora Lilia Margarita Valdez comparaba la coalición con una familia: “somos como un trío de hermanos; a veces no estamos de acuerdo, pero seguimos siendo familia”.
Mientras los discursos se sucedían, la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, se mostraba satisfecha por haber cumplido su compromiso. “Ya depende de los legisladores cómo van a votar”, había dicho por la mañana, distanciándose del resultado. Una encuesta reciente de Enkoll para El País y W Radio mostraba que ocho de cada diez mexicanos avalaban las principales propuestas de la reforma (la supervisión del dinero en campañas con un 87 por ciento de apoyo, la reducción de sueldos del INE con un 85 y la modificación en la elección de plurinominales con un 83), un capital político que el gobierno no pudo o no supo traducir en votos legislativos.
Finalmente, llegó el momento de la verdad. Con los gritos de “¡No va a pasar!” de la bancada panista como telón de fondo, el tablero electrónico se iluminó. El resultado: 259 a favor, 234 en contra. Faltaron 75 votos para alcanzar la mayoría calificada de 334 que se necesitaba para modificar la Constitución. La reforma electoral estaba muerta. El primer gran fracaso legislativo de la era Sheinbaum se había consumado, dejando al descubierto las grietas de un bloque gobernante que, hasta ahora, había funcionado como una aplanadora parlamentaria, caso de la reforma judicial. La crónica de un revés anunciado había llegado a su fin, pero la historia del “plan B” apenas comenzaba a escribirse. Desde el Senado, el Verde ya advertía que impugnaría ante la Suprema Corte cualquier intento de modificar el sistema electoral por la puerta trasera de las leyes secundarias.
