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sábado, abril 18, 2026
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Frenan extracción clandestina de agua

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En el municipio de Compostela, las labores de verificación derivaron en el cierre de dos aprovechamientos que carecían de la documentación legal necesaria para su funcionamiento

Autoridades federales y estatales clausuraron ocho pozos de extracción ilegal de agua subterránea en los municipios de Compostela, Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Tepic. Las inspecciones detectaron que estos aprovechamientos operaban sin los títulos de concesión obligatorios, lo que representa un riesgo directo para la estabilidad de los mantos acuíferos en la región y la disponibilidad del recurso para el consumo humano.

En el municipio de Compostela, las labores de verificación derivaron en el cierre de dos aprovechamientos que carecían de la documentación legal necesaria para su funcionamiento. Estas acciones preventivas buscan ordenar el uso del agua y detener el aprovechamiento desmedido en zonas donde el recurso hídrico es vital para el equilibrio ambiental y las actividades productivas de la comunidad.

Durante el primer trimestre del año, se sumaron seis clausuras adicionales en los municipios de Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Tepic. En estas localidades, las irregularidades detectadas pusieron de manifiesto el uso discrecional del agua subterránea fuera de la normativa vigente, lo que obligó a la aplicación de medidas correctivas para salvaguardar el patrimonio natural de la entidad.

Las investigaciones revelaron que una parte considerable de estos aprovechamientos irregulares se destinaba a la comercialización de agua mediante pipas. Esta práctica lucrativa impacta de forma negativa en la recarga de los acuíferos, pues al extraer volúmenes no contabilizados ni autorizados, se acelera el agotamiento de las reservas de agua dulce que abastecen a la población.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno estatal mantendrán los operativos de supervisión en todo el territorio con el fin de consolidar una cultura de legalidad. El objetivo central es garantizar un uso ordenado y sustentable del recurso, asegurando que sólo quienes cumplan con los requisitos técnicos y legales puedan acceder al aprovechamiento de las aguas nacionales para proteger el derecho humano al agua.

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