La implementación de protocolos sanitarios contra el gusano barrenador y la dispersión de pagos para productores de arroz forman parte de las acciones prioritarias de atención integral en Nayarit. Estas medidas buscan salvaguardar la sanidad pecuaria y garantizar la estabilidad económica del sector agrícola frente a contingencias recientes detectadas en diversas zonas de la entidad.
Tras la detección de dos casos de gusano barrenador en los municipios de Santa María del Oro y Bahía de Banderas, se activaron brigadas de revisión en la zona sur del estado. El primer caso, registrado en un becerro, ya fue atendido satisfactoriamente, mientras que en el segundo se mantienen los protocolos de control en coordinación con autoridades federales. Como medida de apoyo, sólo se permitirá el tránsito de animales que cumplan con la inspección en el nuevo corral de manejo instalado en Ixtlán del Río.
En el ámbito de la salud humana, se mantienen cercos epidemiológicos y vigilancia permanente en las unidades médicas de primer y segundo nivel de la entidad. Hasta el momento no se han reportado casos de miasis en personas, aunque el personal sanitario continúa con jornadas de vacunación casa por casa y monitoreo de enfermedades como el sarampión. El objetivo es prevenir cualquier contagio derivado de la fauna silvestre o ganadera hacia la población civil.
Respecto al sector agrícola, se concretó la liberación de pagos para 222 productores de arroz distribuidos en 10 municipios, derivado de gestiones realizadas ante la Secretaría de Agricultura. Esta primera etapa representa una inversión de 152 millones de pesos, a los que se sumarán 49 millones adicionales que serán dispersados en el transcurso de las próximas horas. Estos recursos pretenden dar fluidez a la comercialización de granos y resarcir compromisos pendientes con el campo.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero destacó que estas acciones responden a una estrategia de coordinación con la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El plan de trabajo contempla que la vigilancia en las fronteras sanitarias del estado sea permanente para evitar que las plagas afecten la exportación y el consumo local. Por su parte, el sector salud mantendrá el monitoreo constante en comunidades rurales para asegurar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.
