La crisis política en Sinaloa exhibe la presunta red de complicidades dentro de Morena para proteger a funcionarios bajo sospecha de vínculos delictivos. Para el diputado Ramón Cambero Pérez, el partido oficialista funciona como una estructura de encubrimiento que ignora las exigencias ciudadanas de justicia y transparencia, actuando con indiferencia frente a la violencia que azota a los habitantes de la región vecina.
El legislador panista advierte que la defensa del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, representa un desafío a la legalidad frente a las investigaciones internacionales. Cambero Pérez sostiene que la separación del cargo es insuficiente, por lo que demanda un juicio formal o, en su defecto, la extradición a Estados Unidos si las autoridades mexicanas omiten su responsabilidad de procesarlo por las acusaciones de tráfico de armas y drogas que pesan en su contra.
Ante el reciente cambio de mando en la dirigencia nacional de Morena y su promesa de erradicar la corrupción, el parlamentario asegura que dicha depuración dejaría al instituto político sin integrantes. Según su visión, la organización es sólo un cascarón que carece de cuadros honestos, lo que convierte sus discursos de renovación en simples simulaciones que pretenden ocultar la verdadera naturaleza de sus cuadros directivos y operativos.
Cambero Pérez denuncia un actuar sincronizado entre diversos sectores del oficialismo para respaldar a Rocha Moya, a pesar de la gravedad de los expedientes integrados por la Fiscalía de Nueva York. Considera que este apoyo masivo no es un acto de lealtad ideológica, sino un mecanismo de autoprotección entre actores políticos que temen ser alcanzados por las mismas indagatorias legales debido a sus propios antecedentes.
La actual acumulación de escándalos y señalamientos de vínculos criminales coloca al partido oficialista en una trayectoria de franco deterioro. El diputado vaticina que la caída de Morena será inevitable en la medida que la sociedad identifique la clase de políticos que integran sus filas, pues anteponen la protección de intereses particulares sobre la seguridad y el bienestar de las familias mexicanas.
