Ricardo Parra Tiznado, diputado del Congreso local denunció que el Ayuntamiento de Tecuala atraviesa una crisis administrativa que impide el pago oportuno de sueldos. El legislador manifestó su inquietud ante una deuda que afecta a empleados de confianza y se extiende hacia los sectores de jubilados y pensionados: “Tenemos conocimiento que todavía no se les ha pagado a los trabajadores… hay que decirlo que también son los jubilados y los pensionados que no se les ha estado pagando sus salarios”.
Ante la supuesta insolvencia de la municipalidad, el parlamentario advirtió la severidad de que los recursos se agoten apenas en el quinto mes del año. Parra Tiznado calificó como preocupante que un presupuesto anual resulte insuficiente en mayo, pues sólo una deficiente planeación explicaría el desabasto financiero que deja sin sustento a los trabajadores: “Si no hay dinero para pagar es grave porque apenas estamos en el mes de mayo… es decir apenas van cinco meses del año y ya no hay dinero”.
Cuestiona el diputado el paradero de los fondos públicos mientras circulan versiones sobre la ausencia de la presidenta municipal. Según la información proporcionada por el representante, la presidenta de Tecuala se encontraría fuera del país en medio de la crisis laboral que afecta al primer cuadro administrativo. La falta de información oficial hacia la sociedad agrava la incertidumbre sobre el cumplimiento de las quincenas vencidas y la estabilidad de la administración.
La intervención de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit y de la instancia de Buena Gobernanza resulta necesaria para fiscalizar el destino del erario. El legislador solicitó una investigación exhaustiva a las finanzas de la localidad para determinar la ubicación del dinero perteneciente a la nómina: “Igual se le hace un llamado a la Secretaría del Trabajo para que pudiera analizar el tema y ver qué es lo que está sucediendo con los trabajadores”.
Esta problemática demanda respuestas inmediatas por parte de las autoridades pertinentes para evitar un mayor deterioro de la gobernabilidad en el municipio. Parra Tiznado insistió en que éste es un asunto de legalidad y justicia social que no puede ser ignorado por las instituciones de control estatal. La transparencia en el manejo del gasto se mantiene como la única vía para resolver un conflicto que compromete el bienestar de las familias y la operatividad de los servicios públicos.
