La actividad empresarial es fundamental para lograr que la economía crezca. Esa actividad es la clave para la inversión directa y para la creación de empleos. No obstante, no basta con lograr que la inversión de materialice en empresas que generen productos o servicios. También se requiere que se invierta con un compromiso social, de tal suerte que se generen empleos modernos (con mayor productividad y con salarios cada vez más altos) y el medio ambiente sea impactado lo menos que sea posible. Esa es la idea que una y otra vez ha manifestado el Gobernador Miguel Ángel Navarro en cuanto a lo que debe ser la actividad empresarial en Nayarit. Para el titular del Ejecutivo estatal, el Estado debe ser un agente que facilite la inversión privada. Esta concepción se deriva del ideario que se pasma en el Pacto Federal, el que orienta la concepción y la acción de todos los gobiernos locales y del federal, en esa materia.
En ese sentido, el artículo 25 de la Ley Fundamental, dispone que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”. Todo ese dispositivo contiene los detalles conceptuales de lo que debe ser el modelo de desarrollo que gobierne las políticas públicas de los gobiernos, sean estos de origen de cualquier color.
Cuando se habla de rectoría del Estado, algunos enloquecidos y mostrado supina ignorancia, se mesan el cabello y se desgarran las vestiduras entendiendo por ese concepto, “Socialismo”. Seguramente que de muy mala fe igualan el concepto “rectoría del Estado”, con “economía centralmente planificada”. No es así: la rectoría del Estado mantiene vigentes las leyes del mercado, los principios del liberalismo, sin hacer del Estado un ente irresponsable. La rectoría del Estado es libertad, es sentido solidario, implica colocar al ser humano como centro gravitacional de toda actividad productiva. La rectoría del Estado implica no abandonar a su suerte a los individuos, sino por el contrario, concebirlos como la razón de la economía. Una economía que no sirve a la gente, sencillamente no es economía.
Quiero enfatizar en esta última aseveración. La Ley de Leyes, nuestra Constitución Federal, no deja espacio para abandonar los lineamientos que registra en su texto. Es verdad, no obstante, que nuestra Carta Magna deja margen solamente para los matices. Esos matices no pueden ser menores a los derechos de los ciudadanos mexicanos. Así, cuando se alude a la promoción de las inversiones y a la generación de empleo, se puede poner el acento en uno u otro, pero de una u otra forma se debe cumplir con el mandato constitucional, que es mandamiento fundacional.
Es en el mandato fundacional en el que nos encontramos con ese concepto, cierto. Ese mandato surge desde los mismos tiempos de la fundación de la República. En efecto, la tesis podemos encontrarla en los Sentimientos de la Nación e incluso en los “Elementos Constitucionales” escritos por Ignacio López Rayón, en donde se alude a la resistencia que muestren “los enemigos de nuestra felicidad”. La felicidad, sin duda, de todos los habitantes de la nación.
Por su parte, Morelos se refiere a un principio rector que dio sentido y dirección a la naciente nación. En el documento fundacional en que se reconoce su autoría, José María Morelos propone “Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud”. Ahí mismo, se plasma otra idea que es parte de la fundación nacional.
Esto es, se plantea “Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”. A eso mismo se refiere el 25 constitucional que actualmente ordena las políticas públicas que ejecute el gobierno federal, estatales o de los municipios. Me refiero a la porción constitucional de dicho dispositivo, en el que se ordena que la inversión y el empleo contribuyan a una “más justa distribución del ingreso y la riqueza”. No hay modo de eludir tal mandato que proviene de los orígenes mismos de la nación; solamente el exceso de la arrogancia y la estupidez pueden hacer a un lado esa orden dada desde la fundación misma de nuestro país.
Esa es la razón esencial que da forma y rostro a las acciones de gobierno de la administración que preside el mandatario nayarita, Navarro Quintero. Inversión y empleo, siempre con la divisa de una mejor vida para todos, no solamente para uno de los factores de la producción. En esa divisa cabe el cuidado y la preservación del medio ambiente, una tesis ecologista que no se opone a la inversión. Toda la presencia humana afecta menos o más al entorno natural. La expansión de las ciudades, la creación de empresas, el desarrollo de infraestructura de comunicaciones, de transporte, todo lo que haga el ser humano afecta al entorno natural. Así, si la divisa fuese no afectar en nada, en absolutamente nada al medio ambiente, lo que procedería significaría no crear empleo, no invertir, un no al desarrollo empresarial y un no también al desarrollo humano.
La rectoría del Estado es el concepto vertebrador de toda la acción y presencia del Estado. Nuestra Ley de Leyes alude a una economía del bienestar, a un Estado de Bienestar, en el que se garantice una base de vida digna para todos. Ese es el modelo de desarrollo que promueve el Gobernador Miguel Ángel Navarrop, qué con sentido de responsabilidad y compromiso, defiende desde su más profunda convicción institucional.
