El Gobierno de México proyecta la comercialización de siete millones de toneladas de maíz blanco mediante la puesta en marcha del sistema Precio Justo. Esta plataforma técnica, que integra a productores de pequeña y mediana escala, busca estabilizar los costos de mercado y asegurar la autosuficiencia nacional durante los ciclos agrícolas de 2026 y 2027. La iniciativa establece un esquema de certidumbre financiera para la cadena productiva primaria, blindando los activos ante contingencias climáticas y fluctuaciones internacionales de precios.
Durante la firma del acuerdo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se detallaron los tres ejes fundamentales de la política: comercialización anticipada por contrato, venta de insumos a costos preferenciales y mecanismos de protección fitosanitaria. Columba Jazmín López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, precisó que los convenios permitirán fijar bases justas mediante contratos libremente acordados entre agricultores y compradores industriales, eliminando la incertidumbre en las transacciones del sector.
Cerca de 61 mil productores de siete entidades federativas, incluyendo Sinaloa, Jalisco y Michoacán, participan en la cobertura de 705 mil hectáreas de cultivo. A este esfuerzo se suma la colaboración de más de 80 empresas proveedoras que concentran el 80 por ciento del mercado de semillas y agroquímicos en el país. Organismos como la Asociación Mexicana de Semilleros implementarán esquemas de venta directa para reducir la intermediación, sumando eficiencia a la adquisición de insumos estratégicos para la siembra.
Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ratificó la voluntad de la dependencia para respaldar la viabilidad financiera de las familias productoras. Este funcionario señaló que el objetivo primordial es cubrir íntegramente los costos de plantación y cosecha frente a riesgos de mercado. Sólo mediante un precio justo es posible garantizar que la producción nacional sea rentable, fortaleciendo la economía rural y protegiendo el ingreso real de quienes sostienen la soberanía alimentaria nacional.
Incentivar el producto local vincula directamente al agricultor con el comprador final, generando garantías de abasto y calidad. Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, apuntó que “los beneficios son para todas y todos los productores” al reducir costos operativos mediante el acompañamiento técnico. Aquella visión fue respaldada por representantes de los agricultores, quienes destacaron que el sistema se traducirá en bienestar al dar seguridad jurídica y económica sobre el valor de su trabajo diario.
