La Comisión de Trabajo y Previsión Social inició el proceso de evaluación para la integración del consejo independiente del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno. Mediante una revisión exhaustiva de perfiles, los representantes populares buscan asegurar que la administración de los recursos destinados al retiro de los empleados públicos cuente con especialistas en transparencia y control interno, garantizando un manejo técnico y eficiente de los recursos acumulados.
Durante la jornada parlamentaria se desahogó una entrevista técnica para conocer las propuestas de fortalecimiento institucional del organismo encargado del ahorro estatal. Los legisladores centraron sus cuestionamientos en las estrategias para garantizar la estabilidad financiera de las cuotas de los trabajadores, además de explorar mecanismos que permitan una fiscalización más estricta sobre el manejo de las inversiones destinadas a las jubilaciones y pensiones futuras.
Ésta fue la etapa donde se expuso la trayectoria de más de diez años de Estefanía Monserrat Llerenas Bermúdez en el servicio público y la consultoría jurídica. La aspirante a consejera independiente acreditó experiencia previa en el Gobierno Federal y en asesoría para diversas administraciones municipales, destacando su formación en materia de administración pública y esquemas de rendición de cuentas para entes gubernamentales de distintos niveles.
Legisladores integrantes de la comisión dictaminadora otorgaron su voto afirmativo al proyecto de decreto tras considerar que el perfil profesional cumple con los requisitos de idoneidad exigidos por la normativa vigente. Éste paso administrativo valida la capacidad técnica de la interesada para ejercer funciones de vigilancia y supervisión dentro del fondo, sumando una visión experta que pretende robustecer la confianza de los derechohabientes en la gestión de su patrimonio.
Sólo queda pendiente que la solicitud de ratificación sea turnada a la Mesa Directiva para su discusión definitiva ante el Pleno durante la próxima sesión ordinaria. El aval de la asamblea estatal permitiría que el órgano colegiado del Fondo de Ahorro opere con la estructura completa necesaria para salvaguardar los intereses económicos de los trabajadores del sector público, consolidando la certeza jurídica sobre sus ahorros para el retiro.
