Ocho mil 915 víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes posicionaron a Nayarit como la segunda entidad con mayor integridad administrativa en México. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2025) publicados por el INEGI, el estado logró una reducción de 545 casos respecto a la medición de 2023, situándose drásticamente por debajo del promedio nacional de 15 mil 642 incidentes reportados por el organismo autónomo.
La tasa de incidencia delictiva, que mide el número total de eventos de corrupción cometidos, reportó 17 mil 664 casos por cada 100 mil habitantes en territorio estatal. Aunque ésta experimentó un ligero ajuste frente a los 15 mil 529 delitos del periodo anterior, el indicador mantiene a la demarcación en una posición de privilegio técnico comparado con estados como Hidalgo o Ciudad de México, donde las métricas superan los 38 mil registros, reflejando una gestión con menores niveles de extorsión institucional en trámites públicos.
En materia de seguridad pública urbana, el 49.7 por ciento de la población mayor de 18 años manifestó que la labor de la policía local contribuye a generar una sensación de certidumbre ciudadana. Dicha percepción sitúa a la entidad en la cuarta posición nacional en confianza hacia los cuerpos de seguridad, sólo superada por Yucatán, Coahuila y Nuevo León. Éste contrasta con el panorama de Michoacán o Morelos, donde la aprobación apenas alcanza el 21 por ciento de los habitantes encuestados, indicó el instituto en su reporte estadístico.
Evaluaciones sobre servicios básicos revelaron retos operativos en la infraestructura de agua potable, donde sólo el 15.8 por ciento de los ciudadanos calificó el recurso como bebible sin riesgo a la salud. El indicador se sitúa 3.2 puntos porcentuales debajo de la media nacional, lo cual representa un margen de mejora para los organismos operadores locales si se compara con el 44.2 por ciento de efectividad reportado en Tlaxcala. No obstante, la calidad del servicio hídrico se mantiene superior a las métricas críticas del sur del país, que oscilan entre el 3 y el 4 por ciento de aprobación.
Asegurar la competitividad institucional requiere que los resultados del último trimestre de 2025 se traduzcan en políticas de optimización del gasto y eficiencia operativa. La encuesta del INEGI, aplicada a la población urbana, sustenta científicamente la prevalencia de una cultura de legalidad en el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales nayaritas. Consolidar la confianza en las corporaciones de seguridad y elevar los estándares de potabilidad aparecen como los objetivos estratégicos para fortalecer el retorno social de la inversión en el corto plazo.
