La administración estatal proyecta una estrategia financiera para mitigar el impacto de la reducción en las participaciones federales recibidas durante el ciclo actual. De acuerdo con los registros institucionales, la Federación aplica un ajuste anual de aproximadamente 60 millones de pesos en mayo, situación que demanda la activación de mecanismos de compensación presupuestaria inmediata para mantener la estabilidad del erario.
Para solventar este ajuste sin comprometer la liquidez, el secretario de Administración y Finanzas, Julio César López Ruelas, precisó que se solicitó a la instancia federal que el recurso sea amortizado entre los meses de julio y agosto. Ésta facilitará que la carga financiera se distribuya de forma equilibrada, aprovechando la solvencia momentánea con la que cuenta el gobierno para evitar la descapitalización de los proyectos que se encuentran en curso.
Históricamente, la recaudación nacional suele disminuir durante el tercer trimestre del año, impactando directamente en el presupuesto que se distribuye a los municipios. El periodo anterior, la entidad registró una disminución de ingresos cercana a los 400 millones de pesos en estas mismas fechas, lo que resalta la importancia de anticipar los ajustes federales para evitar desequilibrios graves en la hacienda pública estatal.
Dicha reducción en el flujo de capital no afectará el cumplimiento de las obligaciones patronales ni el pago de las prestaciones correspondientes a la plantilla laboral de todas las dependencias gubernamentales. Existe la instrucción de que los ajustes presupuestarios se absorban exclusivamente en el ámbito administrativo, garantizando que el personal que opera en el servicio público perciba sus emolumentos sin demora alguna.
Resulta fundamental mantener una planeación estratégica y el monitoreo constante de los flujos de capital para garantizar la operatividad gubernamental frente a los vaivenes de la recaudación nacional. Sólo mediante la gestión responsable de los pasivos y una amortización programada es posible que el estado mantenga su ritmo de trabajo y los servicios a la ciudadanía sin necesidad de recurrir a medidas de austeridad que comprometan la atención social.
