Un cambio que empezó a gestarse en 1993, que se consolidó durante 2013, está a punto de ir al cesto de la basura. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anuncia a sus bases que el gobierno federal, puesto contra la pared en las horas previas a la inauguración del Mundial, renuncia a su facultad para dirigir el proceso de contratación de maestros y ascensos. Todo el poder en esa materia regresará a las dirigencias sindicales.
El arco vale la pena recordarlo. El 18 de mayo de 1992, en plena modernización salinista, el gobierno federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) firmaron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. De ese acuerdo nació, en enero de 1993, el Programa Nacional de Carrera Magisterial, un sistema voluntario de promoción horizontal organizado en cinco niveles de estímulos económicos, identificados con las letras A, B, C, D y E. Carlos Salinas era presidente. Ernesto Zedillo, secretario de Educación Pública (SEP). Elba Esther Gordillo, secretaria general del SNTE. El programa vino a desplazar el sistema de escalafón tradicional y el esquema básico que asignaba puntajes diferenciales a los maestros según su preparación. Por primera vez se introducía un componente meritocrático en una carrera docente que hasta entonces se regía por la antigüedad y la negociación sindical.
El componente, sin embargo, llegó con un límite estructural: las comisiones SEP-SNTE que administraban el programa eran bilaterales. El sindicato vetaba, decidía, controlaba el ritmo. Carlos Ornelas lo describió en Excélsior, en mayo de 2011, cuando Felipe Calderón y Alonso Lujambio promovieron una segunda reforma al esquema con la participación de la propia Gordillo. La frase de Ornelas: «Las comisiones SEP-SNTE, que están colonizadas por la parte sindical, se encargarán de fijar los lineamentos y administrar los programas; en consecuencia, el compadrazgo y las relaciones clientelares seguirán reinando». Hubo evaluaciones, puntajes, niveles con letra. También, una continuidad cómoda con las viejas comisiones mixtas que en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero permitían la herencia directa de plazas entre familiares.
El cambio profundo llegó en 2013. La reforma educativa de Enrique Peña Nieto creó el Servicio Profesional Docente (SPD) y dio autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Por primera vez, una reforma intentó sustraer al SNTE del proceso de admisión, promoción y permanencia. Concurso público nacional, evaluación obligatoria, criterios técnicos por encima de la negociación sindical. La CNTE resistió desde el principio. Entre 2015 y 2016 boicoteó las primeras aplicaciones del examen en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. El 19 de junio de 2016, en Nochixtlán, un enfrentamiento entre policías federales y maestros opuestos a la evaluación dejó ocho muertos. Hubo, también, detenciones de líderes sindicales. El cambio estructural se sostuvo. Manuel Gil Antón sintetizó entonces el costo de la operación con frase que sigue siendo discutida: «México gasta cinco veces más en evaluar a sus profesores que en formarlos».
En 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, llegó la reforma a la reforma. Se promulgó la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. El INEE fue sustituido por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. El SPD fue sustituido por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm). La llamada Cuarta Transformación (4T) eliminó la vinculación de la evaluación con la permanencia, conservó la admisión por concurso, e incorporó al proceso mesas mixtas previas a la comunicación de resultados, con representación sindical. Era un retroceso parcial. Pero la lógica meritocrática del organismo central seguía operando. Manuel Gil Antón resumió la operación en su columna del 7 de junio de 2026 en El Universal: «En vez de INEE, una Comisión para la mejora, y en lugar del SPD, la Usicamm». Otro nombre, misma arquitectura.
Hasta este mes. La Usicamm está sentenciada, y la operación de los próximos noventa días desmonta no sólo al organismo, sino la facultad estatal de decidir sobre las plazas. La CNTE estalló la huelga nacional el 1 de junio. La SEP, encabezada por Mario Delgado, llegó a la mesa con la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dirigido por Martí Batres, el 3 de junio. Llevaron una propuesta firmada con cronograma público: instalación de la mesa plural el 15 de junio, hoy, y entrega de iniciativa de ley al Congreso de la Unión el 14 de septiembre. Extinción antes de diciembre.
El viernes 13 de junio, la Comisión Nacional Jurídica y de Derechos Humanos de la CNTE divulgó entre las bases el documento con que valora si continúa la huelga o hace un «repliegue táctico». El párrafo de fondo de ese documento no admite ambigüedad: «La erradicación de la Usicamm, como resultado de la movilización de la CNTE, permitirá devolverle al magisterio nacional la autorregulación a la cartera de estructura de los maestros, para que sean dichos espacios sindicales, entidades legitimadas en materia laboral. Debe provenir de las bases sindicales, la directriz de esta etapa resolutiva». Autorregulación es la palabra. Significa que el sindicato decide. Y el documento añade que, de los nueve puntos propuestos por la SEP, a la Coordinadora sólo le interesa analizar el marco jurídico previo a la reforma de 2013.
Es decir, regresar al esquema de comisiones mixtas que operó durante décadas en México, antes de la reforma de Peña Nieto. La memoria que ese esquema dejó en algunos estados con presencia fuerte de la CNTE es la que conviene tener a la vista antes de redactar la nueva ley. La revista estadounidense Dissent Magazine publicó el 7 de octubre de 2013, con firma de Benjamin T. Smith, profesor de historia mexicana en la Universidad de Warwick, los datos más duros disponibles sobre lo que generó la captura sindical. En Oaxaca, según el reporte de Smith con base en cifras del diario La Razón, 36 por ciento de los maestros heredaron directamente su puesto de un familiar cercano, igual que casi la mitad de los maestros que comienzan su carrera cada año. La rama de Guerrero institucionalizó la práctica de la herencia en sus estatutos en 2012. Y la consecuencia que el sistema produjo en silencio: «los descendientes de exmaestros que no quieren seguir los pasos de sus padres pueden vender sus puestos al mejor postor».
Erik Avilés, de la organización Mexicanos Primero, recordó en entrevista con Reforma la semana pasada el método con que la cuota de presencia se contabilizaba dentro de las comisiones mixtas. «Se permitió a los sindicatos asignar plazas mediante un “marchómetro”». Quien marchaba más, ascendía más rápido. Avilés advirtió, además, sobre el verdadero negocio del esquema: «Ahí es donde está el verdadero negocio, en meter gente a cobrar como maestros cuando no lo son, y en usarlos como cliente electoral durante décadas».
El cuadro queda completo con el contraste internacional. Marco Fernández, coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y académico de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, lo planteó al Reforma con frase corta: «El manejo de las plazas tiene que ser una función del Estado mexicano. En ningún lado del mundo se ve al sindicato de maestros, ni de Chile ni de Colombia, decidiendo quién es maestro». La afirmación se sostiene cuando se revisa el mapa regional. Chile aprobó en 2016 la Ley 20.903 que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, administrado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación. Colombia consolidó en 2002 el Estatuto Docente 1278, con concursos administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, no por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). Brasil opera por concursos públicos estatales sin participación gremial decisoria. Perú aprobó en 2012 la Ley de Reforma Magisterial con concurso nacional supervisado por el Ministerio de Educación. México toma en 2026 la dirección contraria al resto de la región.
Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), fue áspera en su lectura al ser consultada por Reforma. «Es una distorsión completa de lo que debe ser una responsabilidad del Estado. El sindicato ni tendría que tener ni voz ni voto». Concede que el sindicato participe como observador, no como decisor, y plantea la razón: «no hay razones académicas, legales, jurídicas o políticas para que se justifique la injerencia sindicalista en la asignación de plazas ni con los ascensos de los maestros».
El Observatorio de Políticas Educativas del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso el dedo en otra llaga, ésta más incómoda para los críticos. La Usicamm tampoco era inmune a la corrupción que se atribuye al sistema anterior. «En Morelos, en septiembre pasado, la propia unidad reconoció al menos veinte casos de presuntas anomalías en procesos de admisión y promoción, lo que sugiere la persistencia de prácticas como la venta de plazas y adscripciones». Y la pregunta de fondo que el observatorio formula, y que la mesa instalada esta semana en la SEP no responde todavía: «Eliminar la Usicamm no garantiza la desaparición automática de esas prácticas, más bien abre la interrogante sobre quién ocupará los espacios de control en el nuevo modelo y cómo se blindará institucionalmente».
Los datos del paro que destrabó la concesión están documentados. Según el reporte que la SEP entregó al 5 de junio, la jornada de protesta impactó en total a 1 millón 390 mil 673 alumnos, 88 mil 106 docentes y 17 mil 289 escuelas públicas, lo que representa el 6.88 por ciento de la matrícula nacional, el 8.35 por ciento del personal docente y el 8.49 por ciento de los planteles públicos del país. Oaxaca concentró el daño: el paro involucró al 80.61 por ciento de las escuelas públicas y al 92.13 por ciento de la matrícula estatal, con la participación de 49 mil 519 docentes. Chiapas registró 2 mil 392 escuelas cerradas. Zacatecas, 2 mil 81. Guerrero, mil 380. Michoacán, 767.
La frase con que Erik Avilés sintetizó la cuenta apareció en El Universal el 9 de junio: «Pero el número que más debería escandalizar es el de Oaxaca: el 92.13 por ciento de la matrícula estatal sin un solo día de clases. Nueve de cada diez niños oaxaqueños sin maestro. No en un país en guerra. No durante una pandemia, sino en junio de 2026».
La Usicamm que ahora se sacrifica no era amada por nadie. La CNTE la consideraba inequitativa. El SNTE respaldó su desaparición. Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE y también senador morenista, citó una encuesta nacional aplicada el año pasado a más de 670 mil maestros en la que los agremiados rechazaron de manera contundente el actual esquema. La academia documentó sus fallas operativas, sus plataformas digitales caprichosas, sus retrasos. Aun así, durante el ciclo escolar 2024-2025 esa unidad asignó 142 mil 539 plazas en un sistema con 1.6 millones de maestros de educación básica en el sector público, en procesos donde participaron más de 200 mil aspirantes y docentes en busca de admisión, promoción vertical y horas adicionales. Trabajaba mal, pero trabajaba. Y rendía cuentas a través de listados nominales públicos, criterios publicados en el Diario Oficial y mecanismos de impugnación con base legal. Lo que viene a sustituirla aún no tiene reglas. Tiene una palabra: autorregulación.
La presidenta Claudia Sheinbaum sabe dónde está la trampa. En su anuncio del 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, dirigiéndose al secretario Mario Delgado, dijo: «Y este año, Mario, vamos a acabar con el Usicamm». Once días después, el 11 de junio, matizó. Recordó que «la reforma educativa de Enrique Peña Nieto eliminó las comisiones mixtas integradas por sindicatos y gobiernos estatales, pero estableció un modelo que afectó la estabilidad laboral», y agregó: «Difícilmente creo yo, y además hablando con muchos maestros y maestras, que estén muy de acuerdo en que regresen las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados a decidir quién entra y quién no entra o cómo se mueven de un lugar a otro». La ruta que sus secretarias y secretarios construyeron, y que la CNTE celebró por escrito el viernes pasado, va exactamente en esa dirección. La Presidenta dice una cosa. Su gobierno está construyendo otra.
Quedan preguntas abiertas que la iniciativa de septiembre tendrá que resolver. ¿Quién garantizará la transparencia del nuevo proceso? ¿Quién publicará las vacantes que dejaron de hacerse públicas en 2020, según denunció Educación con Rumbo? ¿Qué órgano de control ciudadano vigilará para que la herencia y la venta de plazas no regresen por la ventana? ¿Qué mecanismo impedirá que el marchómetro se reinstaure con el nombre nuevo de autorregulación sindical? ¿Cómo se garantiza que un maestro de Nayarit, Colima o Tlaxcala, donde la CNTE no tiene fuerza decisoria, no quede en peor condición que un maestro oaxaqueño o michoacano por el sólo hecho de no pertenecer al sindicato que controlará el sistema?
Treinta y tres años después del primer intento por introducir mérito en el ingreso al magisterio, México deshace la columna del cambio. Lo que no regresa son los meses de clase que perdieron los nueve de cada diez niños oaxaqueños este junio. Esa cuenta también es parte del costo.
