La pregunta que dejó abierto el capítulo canadiense tiene, en este segundo, una respuesta documentada. Albert de Filippis vuelve sobre la afirmación que sostiene los dos videos, y esta vez la respalda: México fue el único de los tres anfitriones que le otorgó a la FIFA una garantía de exención total de impuestos. No es opinión suya. El reporte de evaluación de la candidatura, publicado por la propia FIFA y citado por la investigación que el conductor recoge, lo deja así: Estados Unidos obligó a la FIFA a negociar sede por sede, Canadá desestimó una de las garantías y la cambió por beneficios aduaneros acotados, y México firmó la garantía completa. En la práctica, según la Ley de Ingresos de la Federación 2026, la FIFA y sus participantes quedan liberados de impuestos federales como el ISR y el IVA durante el torneo, y los convenios de sede extienden la liberación al plano local en las tres ciudades anfitrionas.
Insiste en un punto de justicia, y conviene seguirlo porque ahí el dato es firme. La garantía no nació con este gobierno. La firmó la administración de Enrique Peña Nieto en enero de 2018, con exenciones generales de impuestos federales y locales válidas hasta 2028, que cobijaban a la FIFA, sus subsidiarias, proveedores, contratistas y cualquier tercero vinculado. El gobierno de Claudia Sheinbaum, según Hacienda y según la propia presidenta el 22 de diciembre de 2025, logró acotar ese beneficio: en lugar de extenderse a 2028, quedó restringido al ejercicio fiscal 2026, mediante una norma habilitante que el Congreso aprobó el 29 de octubre. De Filippis lo resume sin demagogia: el problema venía de origen y se redujo, pero se redujo, no se eliminó.
El corazón del video está en lo que sigue sin respuesta. El conductor cita a la periodista Peniley Ramírez, de Reforma, para señalar que ninguna dependencia ha contestado una pregunta elemental: cuánto dinero deja de recibir México por esos impuestos no cobrados. Hasta el momento de esa investigación, dice, ninguna autoridad había publicado la cifra. De ahí la frase que el conductor pide repetir, «se firmó una exención total y nadie sabe cuánto cuesta», y su corolario para el espectador, «no sabes cuánto estás pagando». La exención está verificada; el monto, no, y esa ausencia es el centro del reclamo.
A partir de los mismos convenios, y siempre atribuido a la investigación de Ramírez, el video enumera otros compromisos del erario. Cada punto, advierte el conductor, va con su «según», porque es periodismo en curso y no sentencia firme. Los convenios obligarían al Estado a financiar lo que Ramírez describe como una «limpieza social» de dos kilómetros a la redonda de cada estadio, retirar ambulantaje y cualquier anuncio no oficial para que la FIFA no tenga competencia comercial cerca de sus sedes. México se habría comprometido también a ofrecer transporte público gratuito a los portadores de boletos los días de partido, a entregar oficinas equipadas sin costo y a cubrir la logística y el orden vial. El documento, según la periodista, suma una categoría llamada «clientes FIFA», a la que también se condonarían impuestos, un concepto que ella señala como no definido con claridad. Los juristas consultados resumieron el conjunto con la misma expresión que apareció en Canadá, «un cheque en blanco». Dos países, dos investigaciones, la misma metáfora; para el conductor, «no es casualidad, es el modelo».
Después vienen la infraestructura y la deuda, que también las paga alguien. Según reportes de Reforma y de otros medios que el video cita, el gobierno federal anunció apoyos extraordinarios de dos mil millones de pesos para cada estado sede, y los gobiernos locales asumieron compromisos amplios, en algunos casos con deuda. Al tercer trimestre de 2025, según esas cifras, la Ciudad de México reportaba una deuda de 99 mil 301 millones de pesos y Nuevo León de 112 mil 529 millones. El conductor es honesto con el matiz: el Mundial no creó esa deuda, pero se monta encima de ella.
Frente a todo ese gasto, el gobierno promete la derrama económica, y de Filippis la pone a prueba con método. Las estimaciones federales hablan de cinco a seis millones de visitantes adicionales y de una derrama superior a 60 mil millones de pesos, unos 3 mil 280 millones de dólares, con la Secretaría de Turismo prometiendo colocar a México entre los países más visitados del mundo en 2026. El conductor desmonta el número en tres tiempos. Primero, su origen: en Canadá, cuando los periodistas pidieron precisión sobre el estudio de derrama, la respuesta fue que lo había encargado la propia FIFA, una proyección de beneficios elaborada por quien se lleva los beneficios. Eso, dice, en cualquier industria se llama conflicto de interés, «aquí se llama folleto». Segundo, la capacidad: Monterrey tiene cerca de 17 mil 500 cuartos de hotel, con proyección de 18 mil 500, lo que cubre menos del 25 por ciento de los 400 mil visitantes esperados en esa sede; cuando no alcanza, los precios se disparan y buena parte del gasto se va a plataformas y cadenas, no al comerciante de la esquina. Tercero, el costo para el aficionado: los boletos son hasta tres veces más caros que en la edición pasada, y el más barato de la categoría Supporter ronda los 60 dólares, unos mil 200 pesos, limitadísimo y repartido sobre todo por las federaciones. Como dato adicional, recuerda que los fiscales de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación a la FIFA por presuntas prácticas engañosas en la venta de entradas, y subraya la palabra «presunta», porque es una indagatoria en curso.
Con esos elementos, de Filippis arma su cuenta limpia, una columna que paga y otra que cobra. Del lado del gasto coloca la exención de monto desconocido, la infraestructura con cargo público y deuda, la logística, la seguridad, el transporte gratuito, la limpieza social y la renuncia a cobrarle impuestos hasta a los «clientes FIFA». Del lado del ingreso, la FIFA conserva boletos, publicidad y derechos, impone las condiciones y decide hasta cómo se llama el estadio. Y del lado de lo que el país recibe, anota el prestigio internacional, que reconoce real, la fiesta que se vive una vez por generación, la visibilidad turística y una derrama que, según los críticos y la experiencia canadiense, tiende a estar inflada por estudios que encarga la propia FIFA.
Ahí el conductor se baja del púlpito, y el gesto le da credibilidad. Concede lo que un número no captura: la emoción de ver a la selección en el Azteca por tercera vez en la historia, el niño que ve un Mundial en su ciudad y lo recuerda toda la vida. Eso existe y es legítimo, dice. Pero también existe lo otro, un contrato que dos países describieron, con investigaciones propias, como un cheque en blanco, una exención total que sólo México firmó, y un costo del que, según la prensa que lo indagó, todavía no se conoce la cifra completa. Por eso no contesta la pregunta del título, la devuelve con los datos sobre la mesa, «¿de verdad valía la pena?».
El video se cierra con la línea que lo resume entero, y que vale como diagnóstico del modelo más que de un país: «la FIFA no te pide dinero, sólo te pide que no le cobres y que tú pagues todo lo demás». Para el lector mexicano, la pieza completa lo que el capítulo canadiense dejó en suspenso, y separa con cuidado lo verificado de lo que aún se investiga. Lo verificado: la exención existe, nació con Peña Nieto y este gobierno la acotó a 2026. Lo pendiente: cuánto cuesta. La incomodidad que queda es la que el conductor pone sobre la mesa, que el país celebre una fiesta cuyo precio todavía no le han dejado sumar.
