El análisis arranca con una afirmación que funciona como acusación: México le firmó a la FIFA algo que ni Estados Unidos ni Canadá aceptaron firmar, una exención total de impuestos, y, según el conductor, hasta hoy nadie sabe cuánto cuesta. Albert de Filippis, periodista del canal Mundo Beto TV, encuadra la escena con la fecha y el lugar, el 11 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México, el que casi todos llaman Azteca, el único recinto del planeta que recibe su tercera Copa del Mundo. La foto es de fiesta, dice, pero la cuenta es otra cosa, porque mientras la pelota corre hay un contrato que casi nadie pudo leer completo. Su propósito lo declara sin rodeos: no viene a decir si el Mundial es bueno o malo, viene a abrir el contrato y a poner los números sobre la mesa, para dejar al final una sola pregunta, «¿de verdad valía la pena?».
Para sostenerlo, el periodista no especula, va a donde el papel sí se filtró, Canadá. Y ahí su fuente tiene nombre y peso: la investigación de la cadena pública Radio Canadá, cuyos reporteros obtuvieron, mediante solicitudes de acceso a la información, miles de documentos confidenciales sobre la organización del torneo, acuerdos, notas internas y correos que las ciudades no querían publicar. La razón de ese sigilo, propone, se entiende al leerlos: revelan quién manda. El acuerdo que firma una sede con la FIFA, explica, no se negocia como un alquiler. Funciona de otro modo, «o te adhieres a las condiciones o no hay partido, punto».
Las condiciones que enumera, todas atribuidas a esos documentos, dibujan el tamaño de la cesión. Durante la competición, la ciudad sede no puede organizar ningún otro evento deportivo de relieve, ni siete días antes ni siete días después, y tampoco eventos culturales como conciertos, salvo los que la propia FIFA apruebe. El detalle que parece menor, y no lo es, toca el nombre del estadio. La FIFA no admite denominaciones comerciales durante el torneo, así que el BMO Field de Toronto debió rebautizarse como Estadio de Toronto, y el Azteca pasó a llamarse, en los papeles, Estadio Ciudad de México. El patrocinador que pagó por su nombre, observa, desaparece de la marquesina.
La pieza que de verdad hace ruido es Montreal, y de Filippis la trabaja como prueba de cargo. La mayor ciudad francófona de América tenía estadio y tenía afición, y aun así, en julio de 2021, retiró su candidatura. El motivo, según la investigación, fue que las condiciones de la FIFA volvían el acuerdo casi imposible: el organismo pedía disponibilidad casi exclusiva del estadio olímpico durante cerca de tres meses y un bloqueo de fechas que chocaba con el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá y con el Festival de Jazz de Montreal, dos de las máquinas económicas de la ciudad. La lectura de los responsables de turismo de Quebec fue terminante: firmar eso era firmar «un cheque en blanco», así que dijeron no. Conviene retener esa imagen, porque el conductor la usa como hilo de todo el episodio.
Vienen entonces los números canadienses, los que sí salieron a la luz. En Toronto, según Radio Canadá, el costo estimado de ser sede pasó de entre treinta y cuarenta y cinco millones de dólares, calculados en 2018, a por lo menos trescientos ochenta millones. Quien resume el ánimo es el concejal Josh Matlow, con una frase que de Filippis repite por su contundencia, «les dimos un cheque en blanco, es el peor acuerdo que he visto en mi vida». En Vancouver la proyección saltó de doscientos cuarenta millones a unos seiscientos veinticuatro. Las dos ciudades reciben alrededor de doscientos veinte millones en fondos federales para repartirse, y ahí el periodista coloca el dato que quiere que se grabe: según Carson Binda, de la Federación Canadiense de Contribuyentes, ese apoyo equivale a cerca de «un millón de dólares por cada minuto de tiempo reglamentario de juego». Un millón por minuto. Sumados los trece partidos que Canadá alberga en este formato de ciento cuatro encuentros, el costo para los contribuyentes canadienses llegaría, según la misma investigación, a por lo menos mil millones de dólares.
De esos números extrae la columna vertebral de su argumento, la asimetría. Según los documentos que cita, la FIFA exige la exención de impuestos, exige que el gobierno asuma a su costo la seguridad del evento y conserva para sí la totalidad de los ingresos, la venta de boletos, los productos publicitarios y los derechos. La síntesis es suya y es certera, «la fiesta la paga el contribuyente, la taquilla se la lleva a Zúrich». No es un reproche menor: describe un reparto en el que lo público pone el gasto y el riesgo, y lo privado retira la ganancia.
El periodista se cuida de presentar esto como una novedad, y hace bien. Recuerda que la FIFA arrastra el FIFA Gate, la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI destaparon en 2015, con detenciones en Zúrich, sobornos por unos ciento cincuenta millones de dólares y la caída de su entonces presidente, Joseph Blatter. Su sucesor, Gianni Infantino, llegó en plena tormenta. La organización cambió de cara, dice, pero el modelo de negocio que muestran estos contratos no cambió tanto. La advertencia es útil: invita a leer una continuidad en vez de fingir sorpresa.
Y aquí el análisis hace su movimiento más eficaz, que es también su límite. Tras documentar el caso canadiense, de Filippis gira hacia México con una pregunta en lugar de una cifra: si una ciudad rica como Montreal hizo cuentas y concluyó que no le salía, qué cuentas hizo México, qué fue lo que aceptó. El segmento termina justo ahí, en el umbral del capítulo mexicano. De modo que la afirmación más grave del video, que México concedió la única exención total de impuestos de los tres anfitriones y que su costo permanece desconocido, queda enunciada pero todavía sin la documentación que sí respalda la parte canadiense.
Vale anotar esa distancia. El esqueleto del episodio es sólido y verificable: el retiro de Montreal en 2021 ocurrió, la investigación de Radio Canadá existe, y las condiciones que describe, del bloqueo de fechas al cambio de nombre de los estadios, están en el expediente público. Las cifras de Toronto y Vancouver provienen de esa investigación y de funcionarios con nombre, no de un rumor. El reclamo mexicano, en cambio, pertenece por ahora al terreno de lo enunciado, y reclama su propia prueba documental, el monto de la exención y los términos que firmaron las tres sedes nacionales. Conviene además recordar un contexto que matiza sin absolver: este tipo de garantías fiscales y de blindaje comercial son la norma que la FIFA impone a todo país anfitrión, no una rareza pactada en exclusiva por un gobierno.
Hecha la salvedad, el valor del trabajo está en el desplazamiento que propone. De Filippis mueve la conversación del marcador al contrato, de la épica a la factura, y lo hace con una virtud rara en la cobertura mundialista, leer el papel en vez de repetir el comunicado. Para el espectador mexicano, que estos días celebra el regreso del torneo al Azteca, la pieza deja una tarea concreta y una incomodidad de fondo. La tarea: averiguar qué firmó México y cuánto cuesta esa firma. La incomodidad: que la mayor fiesta deportiva del país descanse sobre un documento que el país no ha podido leer. La pregunta con que el periodista cierra su capítulo canadiense sirve igual para el nuestro: ¿con estas condiciones, de verdad valía la pena?
