El panorama de seguridad para las habitantes de la entidad muestra claroscuros significativos al cierre del primer quinquenio del año. Mientras las estadísticas de delitos letales como el feminicidio sitúan a la región entre las zonas con menor incidencia del país, los registros de auxilio ciudadano exponen una realidad distinta. Las cifras recolectadas evidencian que el entorno cotidiano de las mujeres requiere una vigilancia institucional más estrecha ante conductas que vulneran su integridad física y psicológica, priorizando la atención en los focos rojos detectados por el uso de servicios de emergencia.
Según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo se registró una víctima de feminicidio en el periodo que comprende de enero a mayo de 2026. Esta cifra coloca a la entidad en la posición 29 a nivel nacional, con una tasa de 0.19 por cada cien mil mujeres, registro que se sitúa 51.3 por ciento por debajo del promedio federal. En cuanto al homicidio doloso femenino, la estadística es igualmente reducida con apenas dos casos documentados, lo que posiciona al territorio como el segundo más seguro en este rubro en todo México.
Resalta, por el contrario, el indicador de homicidio culposo de mujeres, donde el estado superó la media nacional al registrar una tasa de 2.09 frente al 1.82 nacional. Este rubro, asociado frecuentemente a siniestros viales y accidentes, ubica a la entidad en el noveno lugar del ranking federal. La prevalencia de estas muertes accidentales sugiere una necesidad de revisar las políticas de movilidad y seguridad en el trabajo, ya que representan una de las pocas áreas donde la vulnerabilidad de la población femenina supera el comportamiento estadístico del resto del país.
Cifras relacionadas con las lesiones dolosas y la extorsión muestran que Nayarit mantiene niveles de incidencia por debajo del promedio. En el caso de las lesiones intencionales, se contabilizaron 76 víctimas, lo que representa una brecha de casi el setenta por ciento menos respecto a la tasa nacional. Asimismo, la corrupción de menores registró cuatro casos, una cifra que, aunque baja en términos absolutos, requiere un seguimiento preventivo riguroso debido al alto nivel de subregistro que suele rodear a los delitos cometidos contra las infancias y adolescencias.
Bajo el análisis de la violencia familiar, se detectó una contradicción entre la denuncia formal y el reporte de emergencia. Durante el periodo evaluado se iniciaron 860 carpetas de investigación por este delito, pero las llamadas al 911 por incidentes de la misma naturaleza sumaron mil 803. Este desfase indica que la ciudadanía solicita apoyo policial inmediato ante crisis domésticas en una proporción de dos a uno respecto a las denuncias que efectivamente llegan ante el Ministerio Público, exponiendo barreras que inhiben la judicialización de la violencia en el hogar, las mujeres temen denunciar formalmente, es una lectura que dan estos datos.
Aquella disparidad se vuelve más crítica al observar los reportes por violación. Nayarit ocupa el sexto lugar nacional en llamadas de auxilio por este delito, con una tasa que es 40.6 por ciento superior al promedio en el país. Aunque el número de denuncias formalizadas por violación simple y equiparada es de 74 casos, la frecuencia con la que se solicita ayuda urgente revela que la violencia sexual es un fenómeno de impacto cotidiano. El sistema de emergencias capta una realidad de agresión activa que no siempre se traduce en procesos legales concluidos.
Destacan también las estadísticas de acoso u hostigamiento sexual, donde la entidad se posiciona en el séptimo peldaño nacional en reportes vía telefónica. Con una tasa de 7.25 incidentes por cada cien mil habitantes, el estado supera la media nacional en un 42.7 por ciento. Éste dato contrasta con el bajo ranking que ostenta el territorio en delitos de alta gravedad y sugiere que el acoso en espacios públicos y laborales es una de las manifestaciones de violencia más presentes y reportadas por las ciudadanas en la región.
Registros de delitos como el secuestro y la trata de personas permanecieron en cero durante los primeros cinco meses del año, compartiendo esta estadística con otras quince entidades. No obstante, el contexto nacional muestra que la trata de personas se concentra de manera masiva en zonas turísticas como Quintana Roo, mientras que el feminicidio tiene sus picos más altos en Sinaloa. Para las autoridades locales, la ausencia de carpetas en estos delitos de alta complejidad debe tomarse con cautela para asegurar que no existan redes de impunidad o falta de mecanismos para la detección de víctimas.
Globalmente, el informe de 2026 proyecta que el feminicidio y el homicidio doloso de mujeres continúan en una trayectoria descendente a nivel nacional respecto a los picos registrados entre 2021 y 2022. En cambio, las llamadas por acoso sexual han mostrado un crecimiento sostenido en la última década, duplicando sus volúmenes en comparación con años previos. Esta tendencia federal se refleja en la entidad, donde la saturación de los servicios de emergencia por causas de género demuestra una mayor confianza o necesidad de la población de utilizar canales de auxilio inmediato, porque ahí sí responden.
Esta radiografía de la seguridad pública permite identificar que los desafíos principales no se encuentran en la letalidad extrema, sino en la atención integral de la violencia cotidiana. El patrón de reportes telefónicos por violaciones y acoso sexual demanda una reestructuración de los protocolos de respuesta y un fortalecimiento de las unidades de género. El éxito en la reducción de cifras de feminicidio debe complementarse con una estrategia que garantice que las llamadas de auxilio de hoy se conviertan en procesos de justicia efectiva mañana.
