Alrededor de cuatrocientos elementos de seguridad han sido separados de sus funciones como parte de un proceso de limpieza interna en la principal institución policial del estado. Esta medida responde a la necesidad de garantizar que los encargados de la vigilancia ciudadana cumplan con los estándares de honestidad y legalidad requeridos para el ejercicio de su cargo desde el inicio de la actual administración.
Manáses Langarica Verdín, secretario de Protección Ciudadana y Seguridad Pública, confirmó que varios de los exintegrantes de la corporación enfrentan procesos judiciales y se encuentran privados de su libertad. Las investigaciones realizadas por la propia dependencia permitieron detectar conductas que atentaban contra la seguridad de los habitantes, derivando en acciones legales contundentes ante las autoridades correspondientes.
Diversas causas motivaron estas separaciones, abarcando desde renuncias voluntarias hasta despidos justificados por faltas graves a la disciplina institucional. Entre los motivos más recurrentes destacan los resultados positivos en exámenes toxicológicos para el consumo de sustancias prohibidas y la detección de actividades ilícitas perpetradas mientras los agentes utilizaban el uniforme y equipo de la corporación.
Mantener una estructura policial comprometida con el bienestar de las familias requiere de un escrutinio permanente sobre cada servidor público contratado para labores de protección. Por tal motivo, el sistema de seguridad mantiene vigentes los protocolos de supervisión e investigación para detectar de forma oportuna cualquier desviación en la conducta de quienes integran las fuerzas del orden.
El seguimiento de estos expedientes asegura que el personal que permanece en activo cuente con la confianza necesaria para desempeñar sus labores de vigilancia. Mediante esta depuración constante, se busca fortalecer la integridad de la institución y cerrar el paso a prácticas que vulneren el estado de derecho o la tranquilidad pública en el territorio estatal.
