Vanessa Romero Rocha arranca con una condena y una cifra. Ismael Zambada fue sentenciado a cadena perpetua el 20 de julio en una corte federal de Brooklyn, y con la sentencia llegó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, la más alta impuesta a un capo mexicano. La tesis de la abogada cabe en una línea, «ese monto imposible debería ser nuestro».
Antes de argumentarlo, la columnista intenta que el lector dimensione el número, y su búsqueda de contrastes es lo mejor del texto. Convertidos a pesos, son unos 270 mil millones, «otra cifra muda a la que se le ha negado el habla». Calcula cuántas casas de dos millones podrían comprarse y llega a 135 mil, «la ciudad de Veracruz entera». Tampoco le sirve descubrir que con ese dinero el Paris Saint-Germain habría fichado a Neymar más de sesenta veces. Su veredicto es de escritora, «la cifra es grotesca. La cifra es jabonosa».
Su primera objeción es de fondo: la cantidad carece de verosimilitud porque es falsa. Le parece una fortuna imposible incluso para Zambada, un hombre que vivió décadas a salto de mata, y para una organización que describe como no vertical. Es, escribe, «una mentira que se pavonea en el ajuar de una victoria monumental». Y advierte sobre lo que hay detrás, las leyes estadounidenses que permiten repartir los bienes decomisados entre agencias federales, estatales y locales han construido un engranaje de incentivos perversos, porque «la guerra contra las drogas financia a las autoridades encargadas de librarla». Su imagen para describirlo es memorable, «es la iglesia que ha creado al diablo para pagar los honorarios del exorcista».
A eso suma un problema práctico, la falta de liquidez. Los quince mil millones son una estimación judicial calculada a ojo, y materializarlos exigirá localizar bienes, litigar y desmontar las empresas del condenado. El antecedente le da la razón con holgura: a Joaquín Guzmán se le ordenaron 12 mil 600 millones en 2019 y el gobierno mexicano ha señalado que no se le ha incautado casi nada. En el caso presente, el abogado de Zambada ya sostuvo en público que las autoridades estadounidenses no identificaron un solo bien a nombre de su cliente.
Aun así, la columnista se pone en el supuesto contrario, «suponiendo sin conceder», y formula la pregunta que le interesa: si el dinero existiera, quién sería el beneficiario, que no el dueño. La lógica fácil favorece a Estados Unidos, reconoce, porque allá lo tienen bajo custodia, sus fiscales armaron el caso y sus tribunales dictaron sentencia. Pero la respuesta política y legal, sostiene, es bastante menos lineal.
Su primer argumento es económico y moral a la vez. La fortuna de Zambada surgió de una economía binacional: el mercado estaba sobre todo del otro lado de la frontera, mientras la violencia, la corrupción, el control territorial y la muerte se concentraron en México. Si la riqueza fue producto de un fenómeno compartido, escribe, el botín también debería serlo.
El segundo argumento es el que más incomoda, y conviene leerlo como lo que es, la lectura de la autora sobre un episodio todavía en disputa. Zambada llegó a Estados Unidos, recuerda, mediante una operación clandestina concebida al margen del gobierno mexicano, que ella califica de secuestro, en línea con lo que el propio capo ha declarado. Su formulación despersonalizada es la más eficaz, «un Estado irrumpió en otro para obtener a uno de sus criminales más importantes y ahora reclama el fruto de la incursión». De no haber ocurrido aquello, apunta, Zambada estaría en México.
Sobre esa base valora el anuncio presidencial. Sheinbaum informó el 21 de julio que pedirá a la Fiscalía General revisar si México puede reclamar parte de esos recursos como reparación del daño. Para Romero Rocha existen fundamentos jurídicos que impiden llamar delirio a la pretensión mexicana, y los enumera con precisión de abogada: el Manual de Políticas de Decomiso de Activos estadounidense admite compartir bienes decomisados con gobiernos extranjeros y destinarlos a las víctimas; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional contempla acuerdos para distribuir el producto del delito, y otro tanto hace la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Su conclusión es que México puso las víctimas, la sangre y el territorio, de modo que una parte sustancial de esos supuestos millones debería quedarse «del lado de nuestras víctimas».
El cierre es el pasaje más político. Aun si el reclamo fracasara, dice, habría que hacerlo, «por el simple gusto de decir esto es mío» y por las consecuencias que habilitan los antecedentes. Si el vecino puede jugar sucio para capturar aquí a un criminal y luego quedarse con el producto del delito, habremos consentido que un precedente peligroso se instale en lo cotidiano. Y remata con una advertencia sobre el silencio, «oír y callar no siempre es la más prudente virtud ante las sentencias definitivas. El silencio es capaz de hacerlas aún más definitivas».
Vale anotar la distancia editorial. La columna es una pieza de opinión jurídica, y algunos de sus juicios son suyos: que la cifra es falsa, que la captura fue un secuestro. Sobre lo segundo, la versión oficial estadounidense y la mexicana difieren, y el caso sigue abierto. Los fundamentos legales que cita existen, aunque el reparto de activos entre países depende de acuerdos discrecionales y no de un derecho automático. Los hechos que enmarcan el texto están confirmados.
El valor de la pieza está en su desplazamiento del foco. Mientras la conversación pública se ocupa de la condena, Romero Rocha pregunta por el dinero y por quién repara a quién, y de paso desnuda una asimetría vieja: los muertos se cuentan de este lado y las cuentas se saldan del otro. Su argumento más fuerte es el que menos se discute, que una fortuna hecha con el consumo de un país y la sangre de otro no puede tener un solo heredero. Queda para el lector una advertencia útil más allá de este caso, que los precedentes se instalan cuando nadie los reclama, y que a veces conviene litigar aunque se pierda.
