Entre el 15 y el 17 de junio se llevó a cabo la quincuagésimo segunda Cumbre del G7 en Evian, Francia, en la cual participaron no solo los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros [Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido y la representación de la Unión Europea], sino también los Jefes de Estado y de Gobierno de 8 países invitados: Brasil, Egipto. India, Kenia, Corea del Sur, Catar, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos.
En dicha reunión ―de la que en nuestro país lo que trascendió de manera casi exclusiva fue lo que el presidente Donald Trump expresó acerca de la presidenta de México “es una mujer muy buena que está muy asustada” y acerca de los cárteles de la droga: “los cárteles de la droga controlan totalmente México”― se abordaron diversos problemas y se emitieron nueve declaraciones conjuntas: sobre las crisis de Ucrania, el Medio Oriente y el Líbano; acerca de los desbalances macroeconómicos; sobre la tecnología y la Inteligencia Artificial; acerca de los minerales críticos; sobre el cáncer y el ébola, sobre la cooperación internacional, sobre el tráfico de migrantes y sobre el combate al tráfico de drogas.
En estas “palabras” me ocuparé exclusivamente de la declaración sobre el combate al tráfico de drogas por considerarla de alta relevancia en el contexto no solo de las declaraciones de Donald Trump y otros funcionarios norteamericanos, sino sobre todo porque ―más allá de los “dimes y diretes” que a diario escuchamos o leemos― es uno de los problemas principales de política interior y exterior que aquejan a nuestro país, sede de varios de los principales cárteles de la droga a nivel global y un país clave en la producción de drogas sintéticas [de las que solamente en un año ―2024― se crearon cientos de nuevos tipos] y en el tráfico de cocaína [cuya producción se ha cuatriplicado en la última década] hacia los Estados Unidos.
En la mencionada Declaración ―signada por los Jefes de Estado y de Gobierno de los siete países miembros y la representación de la Unión Europea y respaldada por Brasil, la Republica de Corea y Kenia como países socios― que apenas rebasa las mil palabras, se exponen cinco medidas que están decididos a adoptar y que están precedidas por unas palabras introductorias que inician afirmando: “Estamos decididos a intensificar nuestra lucha contra el tráfico de drogas” y que prosiguen reconociendo que “el tráfico mundial de drogas ha aumentado considerablemente en los últimos años debido a unos niveles de producción sin precedentes, a la capacidad de adaptación de los grupos delictivos organizados y al aumento de la demanda mundial” y considerando que esta realidad “representa una amenaza grave y cada vez mayor para la seguridad nacional, puesto que alimenta la corrupción y la violencia.
La primera medida consiste en “reforzar la protección marítima y portuaria para luchar contra el tráfico de drogas” y tiene como razón de ser el reconocimiento de que “el transporte marítimo es el vector principal del tráfico mundial y de drogas y de precursores químicos”.
La segunda medida surge de la convicción de que “la infiltración de las redes delictivas en las instituciones públicas y privadas legítimas con el objetivo de facilitar el tráfico internacional de drogas representa una amenaza real para nuestras sociedades” y se expresa como la decisión de “luchar contra la infiltración de las redes delictivas en las instituciones públicas y privadas legítimas”.
“Apoyar a los socios internacionales y regionales en la lucha contra la producción y el transporte de drogas” es la tercera medida y surge de la convicción del carácter global de la problemática.
Por otro lado ―y en esto consiste la cuarta de las seis medida que los signantes están decididos a adoptar―, consideran que es preciso “reforzar las medidas destinadas a reducir la demanda y mitigar, en la medida de lo posible, las consecuencias del consumo de drogas en nuestras sociedades” “adoptando un enfoque integral que incluya medidas sanitarias y de sensibilización en favor de la prevención, el tratamiento, la reducción de riesgos y la recuperación”.
La quinta y última medida mencionada en la Declaración surge del reconocimiento de que “las redes de tráfico de drogas llevan a cabo otras formas de delincuencia organizada transfronteriza y se benefician de ellas”. Entre ellas, hace mención de la trata de personas, el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, así como delitos que afectan al medio ambiente, como la pesca ilegal y se enuncia como un “luchar contra otras formas de delincuencia organizada transnacional y contra los flujos financieros ilícitos relacionados con el tráfico de drogas”.
Sin duda, entre la ligereza e irresponsabilidad de las palabras del presidente Trump en la conferencia del 17 de junio y el contenido de la Declaración que nos ocupa, hay una distancia enorme ya que, mientras aquellas pueden ser objeto de crítica y de rechazo por la prepotencia, el machismo y la exageración que conllevan, esta ofrece un panorama amplio de la problemática del tráfico de drogas a nivel global y de la preocupación que despierta en los Jefes de Estado y de Gobierno que la signaron o la respaldaron.
Una problemática que abarca la producción, el tráfico, la circulación y el consumo y que implica no solo a los cárteles, sino instituciones públicas, instituciones privadas y, más en particular, cuerpos de seguridad, instituciones financieras, autoridades aduanales y empresas de transporte…
Bien harían las principales autoridades de nuestro país y quienes les asesoran, en tomar en serio esas preocupaciones de los Jefes de Estado y de Gobierno de las principales economías del mundo, la mayoría de los cuales son consumidores mucho más que productores.
Los innegables esfuerzos de la presente administración ―partiendo de los informes al respecto― en la captura de capos y los ahora denominados “generadores de violencia”, destrucción de cultivos y laboratorios de drogas sintéticas, así como confiscación de armas y ―a través de la llamada “Operación enjambre”, captura de autoridades municipales y miembros de cuerpos de seguridad, pero sin atender suficientemente la problemática de las aduanas, de las finanzas, la infiltración en el ámbito empresarial y en los gobiernos estatales, así como el innegable control territorial que han alcanzado y que les ha permitido una amplia y nefasta diversificación de sus actividades en una impunidad casi total…
