Durante la primera mitad del periodo estival, cinco ayuntamientos de la entidad omitieron notificar la integración formal de sus consejos municipales de protección civil ante las instancias locales y federales. La falta de este trámite administrativo impide la consolidación de una estrategia unificada para la atención de emergencias provocadas por los fenómenos meteorológicos en el territorio estatal.
El cumplimiento de este procedimiento requiere únicamente la aprobación del cabildo y la remisión de las actas correspondientes a las dependencias coordinadoras. De acuerdo con el director de Protección Ciudadana y Bomberos, Héctor Pedro Núñez Bueno, la instalación formal de estos órganos constituye una acción sencilla que depende de la disposición de las autoridades locales para delimitar las medidas preventivas en cada demarcación.
La entrega oportuna de la documentación permite que el gobierno estatal concentre los expedientes locales y transmita el catálogo de acciones preventivas hacia la Ciudad de México. Este flujo de información resulta clave para asegurar la asignación de recursos extraordinarios y activar los esquemas de auxilio en favor de los habitantes de las zonas vulnerables.
Adicionalmente a la estructura del comité, las administraciones municipales tienen la responsabilidad de señalar los puntos críticos propensos a inundaciones o desgajamientos dentro de sus demarcaciones. A pesar de que la actualización integral del atlas de riesgo exige partidas presupuestales específicas, las autoridades locales están facultadas para ubicar de forma inmediata las localidades, ejidos y avenidas expuestas a precipitaciones de alta intensidad.
Las corporaciones de auxilio mantienen el llamado a los alcaldes para regularizar sus expedientes normativos a la brevedad. El registro preciso de las zonas de peligro representa un instrumento fundamental para proteger la integridad física y el patrimonio de las familias navarras durante los meses de mayor actividad pluviométrica.
