Dos afirmaciones que suelen enfrentarse pueden ser ciertas a la vez, y de ese cruce parte el análisis de Jorge Zepeda Patterson. Que hay intervencionismo y una agenda política de Washington en el manejo de visas y en el uso interesado de la justicia por parte de fiscalías estadounidenses, no le cabe duda. Que una parte de la clase política, incluidos altos miembros de Morena, sucumbió a la corrupción impulsada por los cárteles, tampoco. Las dos cosas ocurren al mismo tiempo, sostiene, y quien se queda con una sola entiende mal el problema.
El problema, para él, empieza en la ambigüedad de las intervenciones, una zona gris calculada para extender la incertidumbre. Se pide extraditar a un gobernador en funciones del partido gobernante sin entregar un expediente, y con eso se coloca al Estado mexicano en un «pierde o pierde»: si accede, se subordina a la justicia del vecino, con la humillación que eso implica; si se niega, alimenta la sospecha de proteger a los suyos. Con las visas ocurre lo mismo, filtrar o amenazar con filtrar una cancelación sin explicar motivos, a sabiendas del golpe mediático. La descripción calza con lo verificado, la solicitud de detención contra Rubén Rocha, girada sin expediente, y la cadena de visas retiradas a políticos morenistas.
Ante ese cuadro, dice, la respuesta de Sheinbaum no podía ser muy distinta, se piense lo que se piense de sus frases. Entre los dos males, el peor habría sido el entreguismo frente a una andanada que se multiplica en muchos frentes: la revisión del T-MEC, aranceles y vetos sanitarios puntuales, la certificación aérea, la revisión de la seguridad bancaria que inquieta a las instituciones financieras, los límites al tráfico fronterizo y a las remesas, la presión de las agencias de seguridad. Cada empujón, apunta, deja al país más frágil para negociar el siguiente.
Su lectura de Washington es matizada, y conviene tomarla como suya. No cree que las posiciones estadounidenses carezcan siempre de argumentos ni que respondan a un plan trazado en un solo cuarto de guerra. Ve, más bien, un clima hostil alimentado por varios motores: la derecha ideológica irritada por un gobierno de izquierda en su frontera, las agencias de seguridad molestas por no operar a su antojo en territorio mexicano, el cálculo electoral de la Casa Blanca por exhibir músculo y confirmar su vieja acusación de que México es corrupto, y la doctrina del Pentágono sobre el control de su patio trasero.
Frente a esos fuegos, describe la estrategia presidencial como un ejercicio de aislamiento. Sheinbaum busca que cada conflicto arda por separado, para que el impacto no se vuelva acumulativo, ignora algunos con la apuesta de que se apaguen solos, deriva otros a instancias administrativas, y sobre todo procura desvincular a Trump de los embates, para conservar con él una línea de comunicación limpia. Pero en un punto optó por el choque frontal, encarar las exigencias de los departamentos de Estado y de Justicia contra miembros de su movimiento y nombrarlas como lo que, a su juicio, son, intervenciones inadmisibles en la política interna.
Aquí introduce su hipótesis, y la marca como tal. Sospecha que, en el fondo, la Presidenta preferiría que Estados Unidos entregara un expediente sólido contra alguno de los gobernadores en la picota, uno que le permitiera actuar «de manera ejemplar». Mientras eso no ocurre, eligió exhibir su dilema en público y buscar la comprensión de la gente apelando a la indignación que despierta el matonismo del vecino poderoso. Es, insiste, una valoración del menor de los males.
Esa apuesta tiene, además, un rédito político que el columnista no oculta. Empata con la larga tradición nacionalista y con el enojo que buena parte del país siente hacia Trump, y de paso incomoda a la oposición y a la prensa crítica, que se montan en los argumentos estadounidenses para golpear al gobierno. El caso extremo lo pone con nombre, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, que ha pedido de manera abierta la intervención de Washington, al grado de solicitar a tres de sus dependencias que investiguen a Morena y la declaren organización terrorista. Con ese espejo enfrente, Sheinbaum intenta que la opinión pública extienda la imagen entreguista al resto de sus adversarios.
Su pronóstico es sobrio y sin triunfalismo. La batalla del discurso, cree, moverá poco el tablero interno: unas encuestas confirmarán la percepción de corrupción en las alturas y la negativa a investigarla, y otras, la indignación por la hostilidad estadounidense, con cada bando predicando a sus fieles. No prevé una caída seria en la popularidad de la Presidenta, aunque tampoco le parece una situación cómoda, porque entre los indecisos la etiqueta de militante no ayuda.
Y ahí llega el remate, que es el pasaje más filoso. Algo podría cambiar, dice, si los demócratas ganan el Capitolio en las elecciones estadounidenses de noviembre, y en ese sentido Sheinbaum gana tiempo. Pero lo que de verdad aclararía el panorama sería un golpe de timón, llevar a tribunales a un alto miembro de Morena por iniciativa propia, ajeno a las peticiones de Washington. Dejaría de estar a la defensiva y tomaría la delantera. La frase con que cierra, viniendo de un analista sin animadversión por el gobierno, pesa más que cualquier reproche opositor: si se lo propusiera, casos no habrían de faltar. El texto, al final, no acusa a nadie sin prueba, esos gobernadores siguen sin condena y él mismo los llama presuntos, pero deja servida una idea incómoda para Palacio, que la mejor defensa de la soberanía quizá sea juzgar en casa a uno de los propios.
