La crisis política en Sinaloa alcanzó un punto de inflexión con la toma de protesta de Graciela Domínguez Nava como gobernadora constitucional del estado, tras la dimisión indefinida de Rubén Rocha Moya. Ante el Pleno del Congreso local, la nueva mandataria asumió la conducción del Poder Ejecutivo en una sesión marcada por la urgencia institucional, buscando frenar el vacío de poder generado por la abrupta salida de su antecesor. Este relevo ocurre apenas 34 horas después de que el gobernador con licencia intentara retomar sus funciones en medio de señalamientos internacionales que lo vinculan con investigaciones de alto impacto.
Rubén Rocha Moya, quien había solicitado licencia el pasado 1 de mayo, sorprendió a la nación al anunciar una nueva separación del cargo con carácter indefinido por un periodo superior a los treinta días. El político morenista justificó su decisión alegando que el movimiento de transformación y la soberanía estatal están por encima de cualquier interés particular o actividad personal. “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”, señaló el mandatario mediante un mensaje público que acompañó con el documento entregado a la diputación permanente del Poder Legislativo.
Informa el gobernador saliente que su retorno fugaz de apenas un día tuvo como objetivo demostrar que no existen elementos de prueba que sustenten su participación en conductas penales según la fiscalía federal. A pesar de estas declaraciones, la sombra de presuntos vínculos con facciones de la delincuencia organizada, señalada por autoridades estadounidenses, precipitó su retirada definitiva del Palacio de Gobierno. La fracción VIII del artículo 50 constitucional fue el fundamento legal utilizado para formalizar una salida que deja la gobernabilidad en una situación de interinato operativo.
Ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava asumió el compromiso de fortalecer la gobernabilidad y trabajar por el bienestar de los habitantes de los dieciocho municipios. La nueva titular del Ejecutivo estatal enfocará su gestión en convertir la paz y la justicia en una tarea común, retomando la máxima de dar prioridad a los sectores más vulnerables de la población sinaloense. “Es tiempo de hacer de la paz y la justicia una tarea común para Sinaloa. Por el bien de todos, primero los pobres”, sentenció la gobernadora durante su primer acto oficial.
Los legisladores de la LXV Legislatura citaron a una sesión extraordinaria para dar trámite formal al oficio de licencia y validar la transición administrativa en las áreas estratégicas de seguridad y finanzas. La prioridad inmediata para la administración de Domínguez Nava será reconstruir la confianza institucional y garantizar que el ejercicio del poder se mantenga ajeno a los conflictos judiciales que enfrentan los exfuncionarios de la gestión previa. Con esta investidura, Sinaloa inicia un periodo de reajuste político donde la vigilancia ciudadana y la transparencia serán determinantes para la estabilidad del noroeste mexicano.
