Las barreras psicológicas y el temor a las represalias continúan siendo los principales obstáculos para que las víctimas de violencia familiar busquen justicia. A pesar de los esfuerzos institucionales, persiste una tendencia donde las agredidas asumen la responsabilidad del castigo recibido, lo que paraliza los mecanismos legales de protección y facilita la permanencia del agresor en el hogar.
Con base en los registros del Instituto para la Mujer Nayarita, la titular Margarita Morán Flores señaló que esta conducta de autoinculpación dificulta la acción de las autoridades. Recientemente se documentaron casos donde, tras sufrir violencia física grave, las personas afectadas optaron por no denunciar bajo el argumento de haber provocado ellas mismas la reacción violenta de su pareja sentimental.
Resulta inaceptable para el organismo que se mantengan esquemas de protección hacia los violentadores mediante la justificación de conductas agresivas. La erradicación de este flagelo social requiere que se rompa el silencio para que las instituciones puedan aplicar los castigos correspondientes, pues sin una querella formal el sistema jurídico carece de las facultades necesarias para intervenir de manera punitiva.
Desde el inicio del año hasta la fecha, se han registrado aproximadamente 150 demandas contra individuos que violentaron físicamente a sus parejas en la entidad. En la mayoría de estos procedimientos se ha logrado obtener justicia, lo que demuestra que el marco legal es efectivo sólo cuando la voluntad de la víctima se traduce en un señalamiento directo ante las instancias competentes.
Sólo mediante la denuncia es posible aplicar todo el peso de la ley contra los hombres abusivos y garantizar que el maltrato no quede en el anonimato. Una vez que se interpone el recurso legal, el estado despliega protocolos de seguridad para resguardar la integridad de la mujer y procesar al responsable, asegurando que el entorno familiar recupere la paz.
