Para revisar resultados y exigir cuentas sobre las acciones de gobierno, las y los diputados de la Trigésima Cuarta Legislatura aprobaron el calendario de comparecencias de las personas titulares de las dependencias estatales, en el marco del análisis del V Informe de Gobierno y la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.
En el acuerdo aprobado se establece que el inicio de las comparecencias será el próximo lunes 5 de octubre a las 11:00 horas para concluir el viernes 9 de octubre, distribuidas en tres sesiones públicas ordinarias.
El lunes 5 de octubre a las 11:00 horas se iniciará con el Eje 1: Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad, en el que participarán la secretaria general de Gobierno, Rocío Esther González García; el secretario de Administración y Finanzas, Julio César López Ruelas; y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Manasés Langarica Verdín, quienes expondrán los resultados y avances de sus respectivas dependencias.
Para el martes 6 de octubre, comparecerán ante el Congreso, a las 11:00 horas, la secretaria de Salud, Beatriz Adriana Ruiz Huerta; la titular de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Daniela Rivera Arjona; y la secretaria de Desarrollo Sustentable, Rosa Elizabeth Segura Saldaña.
El viernes 9 de octubre comparecerán el secretario de Infraestructura, Marco Antonio Verdín Arellano; el secretario de Turismo, Juan Enrique Suárez del Real Tostado; la secretaria de Movilidad, Sistiel Karime Buhaya Lora; y el secretario de Desarrollo Económico y Social, César Octavio Lara.
En el desarrollo de esta misma sesión pública ordinaria, las y los diputados locales aprobaron la reforma a la Ley Municipal y a la Ley de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias, con el fin de crear oficinas municipales de atención a personas migrantes y sus familias en los 20 municipios de Nayarit, para brindar orientación sobre trámites, servicios y derechos, y facilitar la coordinación con autoridades estatales y federales.
También reformaron la Ley Municipal para que los ayuntamientos puedan tener hasta 15 regidurías, con el objetivo de lograr una mayor participación de las mujeres y garantizar que quienes ocupen cargos municipales no sean deudores alimentarios morosos ni personas sancionadas por violencia política contra las mujeres.
