“Ya he tenido amenazas”, respondió José Gabriel Camarena Morales cuando le pregunté qué les diría a quienes cuestionan su actuación en el Mega Operativo Nuevo Nayarit. Durante la conferencia de prensa de hoy en Casa Nayarit, el asesor jurídico del Gobierno de Nayarit reconoció que su participación ha tenido consecuencias familiares y lo ha colocado frente a intereses afectados por las recuperaciones patrimoniales.
Mi pregunta partió del reconocimiento a su trabajo en la estrategia jurídica, pero también de los señalamientos de quienes se consideran perjudicados. Camarena rechazó adjudicarse individualmente los resultados: “Yo no soy el arquitecto de nada”, expresó, antes de reconocer al equipo con el que trabaja.
“Yo no soy monedita de oro y hemos pisado muchísimos intereses”, sostuvo. Explicó que dejó sus negocios en la Ciudad de México para incorporarse a la administración estatal y que conocía las dificultades del encargo.
Más adelante, al referirse a los terrenos recuperados, el gobernador Navarro me dirigió una frase: “Aquí, aquí se quejan pocos y usted los conoce, Tello, usted los conoce. Se quejan pocos, pero sufrían muchos”.
Sí, los conozco y sé quiénes son. He seguido sus antecedentes, sus disputas por terrenos y las versiones que han llevado a medios nacionales para cuestionar el operativo.
Entre esos personajes se encuentran personas del entorno de Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit durante el sexenio de 2005 a 2011. Las autoridades lo han señalado como presunto responsable de encabezar una red de operaciones irregulares detrás del saqueo del patrimonio del Fideicomiso Bahía de Banderas, el FIBBA, durante su administración.
Ney González enfrenta diversas órdenes de aprehensión y permanece prófugo de la justicia. La Fiscalía ha informado de gestiones para solicitar su detención con fines de extradición desde Canadá.
Entre sus presuntos socios y prestanombres destaca Héctor Cárdenas Curiel, conocido como “El Baby”, contra quien también se han reportado órdenes de aprehensión. De acuerdo con información con la que cuenta quien esto escribe, Cárdenas se encuentra en España.
El pasado 12 de enero publiqué en Meridiano una nota sobre su participación en la disputa mediática alrededor del operativo y la difusión de la versión de su defensa en publicaciones nacionales. Mi interpretación es que parte de esa ofensiva busca trasladar a la opinión pública una controversia por bienes de alto valor turístico.
Presentar a sus protagonistas únicamente como empresarios afectados deja fuera sus vínculos, los procedimientos que enfrentan y las operaciones mediante las cuales obtuvieron los terrenos en disputa. Eso no convierte toda crítica al gobierno en una defensa de aquellos intereses, pero obliga a explicar quién formula cada acusación y qué tiene en juego.
Camarena remitió su defensa a los resultados: “Hechos son amores y no buenas razones”, dijo, citando a su abuela. Luego añadió: “Ahí están los hechos. Ustedes juzguen”, y llamó “emisarios del pasado” a sus detractores.
El gobernador Navarro asumió posteriormente la responsabilidad por las actuaciones del asesor jurídico y de todo su gabinete. Ese respaldo confirmó que la recuperación patrimonial es una decisión de su administración.
La discusión exige revisar contratos, títulos, acuerdos y resoluciones integrados en el llamado “volumen blanco” que ya está en línea para consulta de todos. En esos documentos debe sostenerse la actuación del gobierno y también contrastarse la versión de quienes reclaman afectaciones.
