La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene en la mira varias playas de Nayarit. Durante su visita a San Pancho, donde esta semana quedaron firmes las sanciones contra el desarrollo Punta Paraíso, los inspectores pasaron también por Sayulita, y lo que encontraron en la arena terminó en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por hechos que podrían constituir delito.
Con ese antecedente fresco, el personal de la Profepa en Nayarit recorrió la franja de arena de Sayulita, en el municipio de Bahía de Banderas, y fue tomando nota de lo que había montado sobre la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Documentó varias estructuras y equipamientos dedicados a actividades comerciales, entre ellas dos ocupaciones de 47.95 y 69.35 metros cuadrados, es decir, más de 100 metros cuadrados de playa en total.
El caso tiene una vuelta más. Algunas de esas ocupaciones estaban dentro de superficies concesionadas a terceros, y fueron los propios titulares de las concesiones quienes habían denunciado que otras personas, ajenas a la concesión, usaban esas áreas.
En una de las ocupaciones, los inspectores encontraron costales colocados sobre la arena, un tanque de gas LP y un sanitario. Según consta en el acta, los desechos de ese baño se vertían hacia la playa.
Para sustentar las denuncias, la Profepa registró todo con fotografías, coordenadas geográficas, características físicas de las estructuras y las superficies ocupadas. Esos elementos se integraron a las actuaciones que ahora están en manos de la FGR. El operativo contó con el respaldo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
La vía penal no es la única abierta. Paralelamente, la Profepa seguirá con los procedimientos administrativos que le corresponden para verificar que se cumpla la legislación federal y se proteja el uso adecuado de las playas y la Zofemat.
La dependencia adelantó que mantendrá la vigilancia en Sayulita y en otros puntos del litoral nayarita. Su intención es atender las denuncias ciudadanas, detectar ocupaciones irregulares y actuar, dentro de sus atribuciones, frente a obras, actividades o aprovechamientos que puedan contravenir la normativa ambiental y la que rige los bienes nacionales.
