En medio de la efervescencia política que conlleva toda transición presidencial, el escenario nacional ha sido sacudido —aunque brevemente— por un actor que llevaba años en silencio: el expresidente Enrique Peña Nieto. Su reaparición pública, inusual por el tiempo transcurrido desde su salida del poder y el exilio voluntario en el que se mantuvo, ha detonado múltiples lecturas. Lo hizo con una declaración que no fue menor: una defensa enfática del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ese polémico megaproyecto que fue cancelado apenas iniciado el gobierno del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.
En un país de memoria corta, este gesto ha resucitado uno de los debates más simbólicos de los últimos años. El NAIM, independientemente de su viabilidad técnica, presupuestal o ambiental, se convirtió en un parteaguas político, una suerte de campo de batalla entre visiones contrastantes de nación. Su cancelación, avalada por una consulta ciudadana en 2018, fue uno de los primeros actos de fuerza de la Cuarta Transformación, y sirvió para reafirmar que había llegado un nuevo régimen, uno que pretendía romper con inercias del pasado.
Peña Nieto, al retomar la defensa del NAIM, no sólo busca reivindicar su proyecto insignia —ese que se gestó con bombos y platillos y que prometía convertir a México en un hub aéreo de talla mundial— sino que también, de forma implícita, reclama un espacio en la narrativa histórica de la infraestructura nacional. En su discurso, reitera que el aeropuerto cancelado era una obra estratégica, necesaria y visionaria. Y aunque su postura pueda tener sustento técnico, resulta inevitable que se lea también como un acto político: un intento de rescatar su legado ante una opinión pública que ha oscilado entre el escepticismo y el olvido.
Pero más allá del personaje, y sin caer en el simplismo de elogiar o condenar sin matices, el momento obliga a reflexionar sobre la importancia de construir una visión de país donde las decisiones trascendentales no se conviertan en monedas de cambio sexenal. Porque más allá de colores o ideologías, el tema del NAIM evidencia una falla estructural que sigue lastrando al desarrollo nacional: la ausencia de continuidad en los grandes proyectos de Estado.
La cancelación del NAIM significó, sin duda, un golpe a la planeación de largo plazo. No sólo se interrumpió una obra con múltiples contratos firmados y avances físicos considerables; también se enviaron señales confusas a los mercados y a la inversión privada, pues el proyecto se encontraba entre los más ambiciosos del mundo en términos de conectividad. Se argumentó entonces que existían problemas de corrupción, sobrecostos y afectaciones ambientales.
El nuevo aeropuerto en Santa Lucía, hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ha enfrentado sus propios desafíos, particularmente en materia de conectividad, movilidad y rentabilidad. Aunque ha sido defendido con firmeza por el actual gobierno, e incluso ha mostrado avances en su operación comercial, no se ha logrado aún consolidar como la solución definitiva al problema de saturación del sistema aeroportuario del Valle de México. La realidad obliga a reconocer que la cancelación del NAIM no resolvió el problema de fondo, sólo lo desplazó.
En este contexto, la reaparición de Peña Nieto y su defensa del NAIM no debería leerse únicamente como un intento de protagonismo tardío. Podría, en cambio, asumirse como una oportunidad para debatir con seriedad y sin estridencias sobre cómo debe construirse la infraestructura nacional en el futuro. Porque el país necesita avanzar hacia un modelo en el que los proyectos estratégicos —de infraestructura, de energía, de educación, de salud— trasciendan el corto plazo, y no queden a merced de los vaivenes políticos.
Claudia Sheinbaum, tiene frente a sí el desafío de gobernar con una visión integradora, reconocer los avances de la administración pasada y corregir errores. Uno de sus retos más relevantes es justamente ese: construir consensos para que las decisiones de política pública no se tomen por cálculo electoral, sino con base en diagnósticos técnicos, análisis de costo-beneficio y, sobre todo, una visión de largo plazo.
México no puede permitirse seguir enterrando proyectos multimillonarios cada seis años. Lo vimos con el NAIM, pero también con el Tren Interoceánico, con ciertas reformas educativas, con programas sociales y hasta con políticas ambientales. La inversión pública es un bien escaso y su mala planeación termina afectando no sólo a las finanzas del Estado, sino a millones de ciudadanos que esperan servicios e infraestructura de calidad.
Tampoco se trata de idealizar lo que fue el NAIM. Su planeación, como muchos han señalado, estuvo plagada de opacidad. Se presume la existencia de documentos que prueban sobrecostos, irregularidades en licitaciones y una falta de atención adecuada a los impactos ambientales. Pero eso no invalida la necesidad de haber encontrado una salida técnica al problema, en lugar de una decisión basada en una consulta limitada en su alcance y con escasa participación.
La Cuarta Transformación, ha tenido aciertos y también ha cometido errores. No reconocerlo sería caer en la complacencia. Así como no se puede soslayar que el gobierno de Peña Nieto dejó un país con pendientes graves en corrupción, desigualdad y violencia, tampoco es justo desestimar que algunos de sus proyectos —como el NAIM— sí respondían a una lógica de integración económica que, bien corregida y supervisada, pudo haber aportado al desarrollo.
En suma, la discusión que ha detonado la reaparición de Peña Nieto y su defensa del NAIM no debe centrarse en su persona, ni en juicios maniqueos sobre su legado. La oportunidad está en mirar hacia adelante, pero con memoria crítica. Urge construir mecanismos que garanticen que los grandes proyectos nacionales respondan a criterios técnicos, de participación ciudadana bien estructurada y con visión intergeneracional. Porque el desarrollo de México no debe depender de una sola administración, ni de una sola visión, sino de un consenso social informado, responsable y duradero.
Es tiempo de aprender de los errores, sin revanchismos pero con sentido de Estado. Sólo así podremos construir el país que merecen las futuras generaciones.
