La Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza ha recibido en lo que va del año alrededor de 400 denuncias en contra de servidores públicos, informó Gladis Flores Contreras, titular de la dependencia, explicó que la mayoría de las quejas, están relacionadas con conflictos entre funcionarios a quienes acusan de acoso laboral y sexual.
“Muchas de estas denuncias versan sobre temas de ética, maltrato, o el sentirse vulnerado por la acción de un compañero”, detalló Flores Contreras, quien además destacó que cerca del 80% de los casos están vinculados con conflictos internos entre trabajadores del servicio público.
Además de estos casos, la Secretaría también recibe quejas que no le competen directamente, como aquellas provenientes de municipios, organismos autónomos y otras entidades. Sin embargo, aquellas que involucran situaciones graves, especialmente en temas de acoso, son canalizadas a los Comités de Ética correspondientes, y en casos severos, se inician investigaciones penales o administrativas.
La funcionaria subrayó que el sector educativo y el de salud concentran la mayor cantidad de denuncias, debido al alto número de ciudadanos que atienden y al volumen de personal involucrado: “En educación, por ejemplo, hemos recibido denuncias de acoso escolar por parte de maestros o funcionarios hacia estudiantes. En algunos casos, ya se ha procedido con la destitución de los responsables”.
También destacó que, gracias al uso de la tecnología, alumnos y ciudadanos están más informados y capacitados para denunciar, incluso organizándose entre ellos para recopilar pruebas: “Estamos capacitando a las escuelas y promoviendo la cultura de la denuncia. Queremos que sepan que hay una autoridad que escucha y actúa”.
No obstante, reconoció que muchas denuncias también surgen de malos entendidos o conflictos derivados de exigencias laborales: “Hay quienes se molestan porque ahora se les pide cumplir con tiempos y resultados. Pero todos los servidores públicos tenemos una responsabilidad, para eso nos pagan”.
Finalmente, Flores Contreras reiteró que la dependencia seguirá dando seguimiento a las investigaciones en curso y ejecutando las sanciones correspondientes: “No sólo se sanciona; también se retiran plazas y se expulsa a los responsables del servicio público. Aquí no hay tolerancia para la impunidad”, concluyó.
