Dos iniciativas legales serán presentadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante el Poder Legislativo. La primera corresponde a una Ley General de Aguas; la segunda propone modificar la Ley de Aguas Nacionales. Ambas reformas incorporan medidas dirigidas a eliminar la transmisión de concesiones entre particulares y establecer nuevas sanciones por uso indebido del recurso.
En conferencia matutina del 24 de septiembre, el director general de Conagua, Efraín Morales López, explicó que el objetivo principal consiste en garantizar que el agua deje de circular como mercancía y sea gestionada directamente por el Estado. Entre los cambios más relevantes se encuentra la prohibición de transferencias privadas de títulos hídricos, una práctica permitida desde la década de 1990.
“Parte de lo que se pretende normar es acabar con este mercado negro y que esta agua no utilizada regrese al dominio de la nación”, afirmó Morales. Con la propuesta, los usuarios quienes decidan dejar de operar sus concesiones deberán devolverlas al Estado, y no podrán venderlas a terceros.
Un segundo eje normativo contempla la creación de un capítulo específico sobre delitos hídricos. Esta disposición buscará endurecer penas ante prácticas reincidentes, incluyendo extracción ilegal, perforación clandestina de pozos y comercialización sin autorización. Morales detalló que las sanciones actuales no inhiben las conductas, lo que facilita la reactivación de negocios clausurados por uso indebido del agua. “Se puedan incrementar las penas, incluso llegar en algunos casos hasta la extinción de dominio”, declaró.
El subdirector jurídico de Conagua, Óscar Zavala Gamboa, señaló que el marco vigente permite imponer sanciones equivalentes a 260 y hasta 26 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, entre 28 mil y 2.8 millones de pesos. Sin embargo, precisó en muchos casos las multas se pagan el mismo día en el cual se emiten. “Prácticamente a las 9 de la mañana se estaba imponiendo una sanción y a las 2 de la tarde ya estaba el pago registrado”, informó Zavala. La reforma plantea elevar ese tope a 50 mil UMAs.
De acuerdo a lo indicado por las autoridades, la iniciativa también busca limitar el uso especulativo de títulos mediante cuotas de garantía. En algunos casos, concesionarios mantienen permisos sin utilizarlos para luego revenderlos a desarrollos comerciales o industriales, situación que, según las autoridades, interfiere con la disponibilidad efectiva del recurso en zonas sobreexplotadas.
Igualmente, se mantendría la Ley de Aguas Nacionales, sin sustituirla por la nueva legislación, pero con un rediseño que delimite las atribuciones de los tres niveles de gobierno, incluidos concesionarios y autoridades estatales o municipales.
Según lo anunciado en la conferencia, ambas propuestas serán enviadas al Congreso durante la última semana de septiembre. Resaltaron que buscan resolver vacíos regulatorios detectados desde 2012, cuando se planteó por primera vez una Ley General del Agua.
