Este 26 de septiembre de 2025 se cumplieron once años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Durante este periodo seis padres murieron sin conocer el paradero de sus hijos, lo que abre un dilema sobre la continuidad de la exigencia de justicia.
Durante la última reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada el 4 de septiembre de 2025, el colectivo de familias mostró signos visibles de desgaste. Uno de los padres llegó en muletas debido a complicaciones por diabetes y otra madre enfrenta la amputación de un pie. En entrevista con Animal Político, Isidoro Vicario, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante del grupo “Nos Faltan 43”, señaló: “ha sido muy complicado para los padres y madres de los 43” mantener la resistencia frente al Estado.
Los nombres de progenitores fallecidos durante este tiempo —Minerva, Saúl Bruno, Miguel Mora Venancio y Bernardo Campos, entre otros— se recuerdan en cada manifestación. Su ausencia abre una pregunta recurrente: quién podrá dar continuidad a una demanda marcada por once años de impunidad y tres gobiernos distintos.
En la misma reunión, los familiares esperaban información sobre una línea prioritaria: el análisis de telefonía celular, con la intención de confirmar si algunos dispositivos continuaron activos después de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. La expectativa surgió tras el anuncio de un equipo técnico coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la fiscalía del caso, encargado de profundizar en este aspecto. Sin embargo, no recibieron resultados concretos.
Otro punto pendiente del caso es el acceso a 800 folios del Ejército Mexicano. En años previos, las familias exigieron dicha información argumentando su relevancia para esclarecer lo ocurrido. Durante una de las últimas reuniones con Andrés Manuel López Obrador en 2023, el mandatario comunicó que la Secretaría de la Defensa Nacional informó no contar con más archivos. La misma postura se mantiene durante la administración actual.
El obstáculo vinculado a esos documentos provocó en julio de 2023 la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo que dejó a las familias sin un respaldo técnico internacional. Vicario recordó que esta situación frenó avances en la investigación y limitó los esfuerzos para dar con el paradero de los estudiantes.
Igualmente, entre los pendientes judiciales se encuentra la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, señalado por actos de tortura bajo bajo el marco del caso. El trámite continúa en curso. También está pendiente la situación de José Ulises Bernabé García, juez de barandilla de Iguala en 2014, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca que el caso forma parte de un patrón más amplio de desapariciones forzadas en Guerrero. La lucha de Ayotzinapa inspiró la creación de colectivos en distintas regiones del país.
Cada 26 de septiembre, las marchas que recorren del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino reafirman el reclamo: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. En 2025, la manifestación volvió a estar encabezada por madres y padres de los normalistas desaparecidos.
