Las diferencias internas en Morena y las presiones de la Suprema Corte obligaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a intervenir personalmente para encauzar la reforma a la Ley de Amparo, una de las piezas clave de su agenda legislativa.
El detonante fue la inclusión de una cláusula de retroactividad que permitía aplicar las nuevas reglas incluso a procesos ya en curso, lo que encendió alertas constitucionales. Sheinbaum ordenó corregir el dictamen antes de que avanzara en el Congreso de la Unión.
Una versión que circuló este viernes en medios acreditados, aseguró que esa disposición habría sido impulsada bajo presión de los ministros de la Suprema Corte, con el objetivo de reestructurar juicios de amparo abiertos. Sin embargo, asesores jurídicos del Ejecutivo advirtieron de riesgos legales y negociaron cambios para suavizar el alcance de la reforma.
La propuesta busca agilizar el juicio de amparo, hacerlo más eficiente en la persecución de delitos como el lavado de dinero y fortalecer la capacidad del Estado frente al crimen organizado. No obstante, expertos jurídicos y organizaciones civiles han advertido que también podría restringir derechos de defensa y abrir la puerta a abusos de poder.
Dentro de Morena también surgieron resistencias. Senadores como Manuel Huerta intentaron reintroducir disposiciones previamente eliminadas por su carácter anticonstitucional, lo que desató fricciones en el bloque oficialista.
Ante esa situación, Sheinbaum lanzó mensajes públicos para “corregir el rumbo” y logró alinear a legisladores, incluidos referentes como Ricardo Monreal, quien reconoció que la redacción original de la retroactividad podría violar la Constitución.
