Amnistía Internacional solicitó al Gobierno de México que investigue posibles violaciones a los derechos humanos durante las recientes protestas en Michoacán, derivadas del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. La organización señaló que existen indicios de uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policiales contra manifestantes.
El crimen de Manzo ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025, durante un evento público en la plaza principal de Uruapan con motivo del Día de Muertos. En respuesta, la población local organizó movilizaciones para exigir justicia, mismas que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
A través de una publicación en redes sociales, la ONG expresó su preocupación por hechos que “podrían ser catalogados como violatorios de derechos humanos”. La organización documentó casos en los que policías “golpeaban al menos a un manifestante que ya estaba sometido” y dispersaban manifestaciones “pese a que eran pacíficas”.
En este contexto, Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, a garantizar el derecho a la reunión pacífica y a iniciar investigaciones sobre posibles abusos cometidos durante las protestas. Además, instó a las autoridades a atender “con urgencia” la situación de violencia e inseguridad en Michoacán.
La organización recordó que el uso de armas menos letales durante manifestaciones debe respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, reiteró que la protesta pacífica es un recurso legítimo de la ciudadanía para manifestarse ante omisiones del Estado en la atención de demandas sociales.
Durante la conferencia matutina del martes 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema y rechazó el uso de la violencia en las movilizaciones. “Nunca hemos estado de acuerdo nosotros con el uso de la violencia en las manifestaciones”, declaró, al tiempo que subrayó la importancia de la protesta pacífica como mecanismo de expresión.
En la misma intervención, Sheinbaum anunció la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia nacional frente a la crisis de seguridad en la entidad. Esta propuesta contempla tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz.
Como parte de este plan, se anunció el envío de fuerzas federales, en particular elementos de la Guardia Nacional, a diversos municipios, incluyendo Uruapan. “Desde el día de ayer también enviamos un reforzamiento de las fuerzas federales, particularmente la Guardia Nacional a Michoacán”, declaró la mandataria.
Entre las acciones previstas se encuentran la creación de una Fiscalía especializada en delitos de alto impacto, el establecimiento de mesas de seguridad quincenales y un sistema de alerta dirigido a presidentes municipales.
El asesinato de Manzo fue calificado por Sheinbaum como un “cobarde homicidio” que afecta a la comunidad y al país. La mandataria insistió en que su plan de seguridad no se basa en un enfoque militarizado: “La seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida”.
¿México será el nuevo destino de la furia de la Generación Z?
Mientras tanto, ya se empieza a esbozar una nueva “rebelión de la Generación Z“ tal como sucedió en otros países como Nepal, Perú, Madagascar o Marruecos. En México, muchos jóvenes apuntan al aumento de la inseguridad durante el actual sexenio. El 15 de noviembre se dará una marcha en Ciudad de México para exigir la revocación del mandato a Sheinbaum. Según trascendió en redes sociales, la movilización iniciará en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo.
Por su parte, Sheinbaum le quitó valor a la protesta, afirmando que “no tiene nada que ver con una manifestación legítima” y que se trata de movimiento “para ver si de casualidad los jóvenes se enganchan; ese es el objetivo, no es algo legítimo”. Además, señaló que la movilización es promovida por “Mexicanos contra la corrupción“, una organización que, según ella, se vincula a empresarios “que ya no tienen mucho reconocimiento social ni han encontrado salida política”. Aun así, aseguró que el Gobierno analizará las cuentas que impulsan la convocatoria.
