Con la reciente presentación de la Ley Trasciende el 28 de octubre ante la Cámara de Diputados, se abre la posibilidad de legalizar la eutanasia en México mediante un protocolo médico y legal específico. El proyecto busca modificar el artículo 166 de la Ley General de Salud para incluir un nuevo título que defina la eutanasia y determine los requisitos para su aplicación controlada.
En términos generales, la iniciativa contempla permitir el acceso a la eutanasia para personas mayores de edad diagnosticadas con enfermedades crónico-degenerativas, terminales o discapacitantes. Estos padecimientos deben generar un deterioro severo en la calidad de vida y ser confirmados por dos médicos distintos. La validación se realizaría ante notario, según lo establece el texto legislativo propuesto.
Una vez recibido el dictamen favorable, el paciente tendría la facultad de presentar la solicitud formal a instituciones de salud. Dichas entidades tendrían un plazo máximo de 48 horas para emitir su respuesta. Además, el solicitante deberá ratificar su decisión dentro de los cinco días siguientes, en consideración de las posibles variaciones emocionales propias del proceso.
Posterior a la ratificación, el procedimiento se programaría con base en la decisión del paciente. Según explicó la promotora de la iniciativa, Samara Martínez, el proyecto reconoce la objeción de conciencia del personal médico, lo cual garantiza que ningún profesional se vea obligado a intervenir si su postura personal o ética lo impide.
Igualmente, la propuesta aclara que el procedimiento excluye el suicidio asistido. Este último consiste en la autoadministración de una sustancia letal por parte del paciente, una diferencia relevante desde el punto de vista del control médico. Según la impulsora del proyecto, esta distinción permite mantener un estándar profesional durante toda la intervención.
El proyecto legislativo fue entregado tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Aún falta su asignación a comisiones, particularmente a la de Salud, donde se discutirán las condiciones operativas para implementar la reforma. De aprobarse, México se sumaría a una lista de países donde la eutanasia o el suicidio asistido ya se encuentra legalizado, entre ellos Colombia, España, Suiza, Uruguay y Canadá.
Actualmente, el marco legal en México solo contempla la Ley de Voluntad Anticipada, vigente en 14 estados, la cual permite rechazar tratamientos médicos en fases terminales. Sin embargo, esta opción no contempla intervenciones activas orientadas a poner fin al sufrimiento físico de manera directa.
Martínez expresó que su intención con esta propuesta es formalizar una alternativa regulada, centrada en quienes no encuentran alivio en tratamientos disponibles. En sus palabras: “Esto no es una ley que promueve la muerte; al contrario, es una ley que dignifica la vida humana hasta el último respiro”.
Por ahora, el documento se encuentra en espera de dictaminación. La promotora confía en que pueda votarse entre marzo y abril del próximo año. La legislación propuesta representa un punto de partida para definir protocolos médicos, responsabilidades legales y derechos individuales en el contexto del final de la vida.
