Desde este martes 11 de noviembre de 2025, el Gobierno federal aplicará aranceles de entre 156% y 210.44% ad-valorem a la importación de azúcar proveniente de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), salvo aquellos con tratados comerciales en vigor. La medida fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) del lunes 10 de noviembre mediante un decreto que modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
Así, el documento oficial establece que esta disposición responde a una sobreoferta del producto en el mercado nacional, junto con la caída de precios internacionales. Afirma: “el arancel de importación vigente para el azúcar, bajo trato de nación más favorecida, no ofrece la protección suficiente a la agroindustria nacional ante la caída de los precios internacionales”.
El decreto incluye una revisión de aranceles específicos, reemplazando montos fijos por porcentajes sobre el valor declarado en aduana. Para el caso de azúcar líquida refinada e invertida, se fijó un arancel de 210.44% ad-valorem. En productos derivados, como la remolacha azucarera con aromatizantes o colorantes, el impuesto será de 156% por kilogramo.
Autoridades señalaron en el mismo documento que “la agroindustria de la caña de azúcar en México enfrenta una situación de sobreoferta de azúcar en el mercado nacional que está poniendo en riesgo la rentabilidad y viabilidad de toda la cadena productiva”.
En paralelo, a mediados de octubre de 2025, el Gobierno firmó un acuerdo con la industria de bebidas azucaradas. Este contempla una reducción de 30% en el contenido de azúcar en refrescos, restricciones en publicidad dirigida a menores y una diferenciación de precios entre bebidas calóricas y sin calorías. A cambio, se mantuvo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sin incremento. El impuesto continuará en 3.08 pesos por litro para las bebidas con azúcar y en 1.50 pesos por litro para las versiones sin calorías.
México se mantiene como uno de los principales consumidores de refrescos a nivel global y datos oficiales indican un promedio de 166 litros por persona al año. Autoridades sanitarias relacionan este consumo con altos índices de obesidad y diabetes tipo 2, condiciones que figuran entre las principales causas de mortalidad en el país.
Especialistas del sector alimentario han señalado en ocasiones anteriores que aumentos en aranceles a insumos básicos tienden a reflejarse en los costos finales de productos procesados. Aunque este decreto no incluye estimaciones de impacto económico al consumidor, modifica directamente los costos de importación de una materia prima clave para la industria alimentaria y de bebidas.
