El Congreso de Nayarit aprobó el pasado jueves la nueva Ley de Obra Pública del estado, un ordenamiento legal que reemplaza la normativa vigente desde 1995. La medida, avalada durante la Sesión Pública del primer periodo extraordinario de la Trigésima Cuarta Legislatura, busca generar certeza y desarrollo en las comunidades de la entidad.
La nueva Ley, que consta de 116 artículos y siete transitorios, está diseñada para impulsar una gestión pública más responsable. Su objetivo es fomentar la participación de empresas locales en condiciones de competencia justa y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de ejecutar la obra pública, tanto a nivel estatal como municipal. Esta ley fue presentada al Congreso por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
El ordenamiento permitirá regular todas las etapas del proceso de obra pública. Esto incluye desde la planeación, programación y presupuestación, hasta la licitación, contratación, ejecución, operación, conservación, mantenimiento, rehabilitación, demolición y control de los proyectos. La Ley de Obra Pública es un marco jurídico que establece las reglas y procedimientos para que las instituciones gubernamentales realicen proyectos de infraestructura y construcción, asegurando transparencia, eficiencia y calidad en el uso de los recursos públicos.
Entre los objetivos de la nueva Ley se encuentran elevar la calidad de vida de los habitantes, fomentar la economía local, reducir desigualdades y promover la sostenibilidad. La normativa busca evitar prácticas que puedan vulnerar la legalidad, como el uso discrecional de fideicomisos o contratos sin la debida transparencia, asegurando así un mayor control y rendición de cuentas. Un fideicomiso, en el contexto gubernamental, es un instrumento legal mediante el cual una entidad transfiere bienes o recursos a un fiduciario para que este los administre con un fin específico en beneficio de terceros, aunque en ocasiones su uso puede prestarse a la opacidad si no está debidamente regulado.
La anterior Ley de Obra Pública, publicada en 1995, contaba únicamente con 73 artículos y carecía de una regulación específica para la obra pública de infraestructura, lo que hacía evidente la necesidad de actualizar el marco legal.
Además de la aprobación de esta Ley, durante la sesión legislativa también se destacaron otras acciones, como las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.
Para clausurar el primer periodo extraordinario de sesiones, las y los legisladores también aprobaron el decreto para la donación de un terreno a favor de los Servicios de Educación Pública del Estado. El predio se destinará a la construcción y operación de un Centro de Atención Múltiple (CAM), una institución educativa que atiende a estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, ofreciéndoles programas y apoyos adaptados para su desarrollo integral.
